El surgimiento del Instituto Nacional Electoral formó parte de una nueva concepción en la que existían ciertas funciones que las instituciones gubernamentales no podían llevar a cabo, por falta de capacidad técnica o de confianza ciudadana. Yo mismo participé como representante de un partido político en los primeros años de vida del entonces Instituto Federal Electoral, cuyo diseño fue pensado para fortalecer la democracia en México, y que la sociedad tuviera certeza de que cada voto valía y que era ella la que elegía a sus gobernantes.

Durante casi toda su existencia, la autoridad electoral estuvo enfocada en legitimar los comicios y quitarles el olor a fraude que el comportamiento de quienes estaban en el gobierno generaban; no obstante, su actuación en las votaciones de 2006 demostró su fragilidad.

Uno de los ejes de la transición política que inició en 2018 es ciudadanizar la democracia y fortalecer la participación, para regresarle el poder al pueblo. No ha sido un cambio menor; realizarlo requirió reformas profundas a la Constitución: los delitos electorales son ahora considerados graves; la consulta popular para decidir sobre temas trascendentales es hoy una realidad, y la revocación de mandato para permitir que la sociedad decida si un gobernante continúa o no al frente del poder es ya un mecanismo que la sociedad puede implementar, si así lo decide.

Estos cambios legales se han encontrado ante una gran rigidez institucional por parte de la autoridad electoral.

De ahí que la ciudadanía en distintos medios alternos y redes sociales cuestione la objetividad del Instituto, lo cual se ha recrudecido con la aprobación del Consejo General, con 6 votos a favor y 5 en contra, de posponer el ejercicio fundamental de revocación de mandato que la Constitución y la ley obligan, sin admitir excepción.

La respuesta del INE es que no cuenta con presupuesto para realizarlo, lo que no representa causa para la suspensión, ya que, con ahorros, austeridad y disminución de privilegios podría fácilmente llevar a cabo este ejercicio democrático.

Pero, más allá de las razones presupuestarias, están también barreras ideológicas y políticas. Pareciera que, en un terreno que debería ser neutral, la postura de un grupo de consejeros del INE se ha transformado en una oposición real. Sin embargo, estamos a tiempo de buscar soluciones y no profundizar confrontaciones.

El diálogo es la única salida. Incluso, sostengo que antes de haber votado la cancelación de este ejercicio, debió haberse agotado el tema en conversación con el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, pero aún hay tiempo para no conducir el trabajo del órgano electoral a caminos sin retorno, a callejones sin salida.

No sería deseable que se repitiera lo sucedido en la realización de la consulta popular pasada, cuando el INE destacó por su falta de empeño en la difusión y promoción de la participación ciudadana, rayando en el límite del cumplimiento de sus obligaciones.

Este tipo de conductas ponen en tela de juicio la capacidad y voluntad de las autoridades electorales de cumplir con los cambios legales que nacen del mandato popular, y reviven la urgencia de generar una reforma política profunda que renueve, modernice y democratice el sistema electoral, en la cual se contemplen cambios contundentes para garantizar la autonomía e imparcialidad del árbitro en la materia, con el fin de que no se convierta en un jugador que pueda incidir en los resultados de las consultas a la población.

Se debe entender que ejercicios como la revocación de mandato buscan cristalizar el anhelo de que México cuente con una democracia madura. Es importante alejar este proceso de ideologías y sesgos que provoquen que paguen justos por pecadores o, en otras palabras, que la ciudadanía no se quede sin la oportunidad de verdaderamente ejercer sus derechos democráticos, por causa de las decisiones de quienes deben tutelarlos.

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