Lo que ciertamente se sabe del caso Ayotzinapa es que nadie sabe, nadie supo. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes atentaron contra 43 seres humanos? ¿Qué les hicieron? ¿Dónde están, vivos o muertos?

La desaparición de 43 estudiantes normalistas del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala marcó un antes y un después en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a partir de entonces ya nada fue igual en la percepción pública con respecto a un gobierno incapaz de resolver el misterio de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. En el afán por descifrar lo ocurrido y cubrir el expediente, las autoridades buscaron a toda costa una explicación convincente que les permitiera una salida airosa.

La PGR concluyó en voz del entonces procurador Jesús Murillo Karam: “Esta es la verdad histórica de los hechos basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”, verdad que sostiene que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y Cocula para luego ser entregados a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y posteriormente incineraron sus cuerpos en un basurero del municipio de Cocula. Pretendiendo reconfirmar la “verdad histórica” —resultó “verdad sospechosa”—, el gobierno mexicano por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó en 2015, la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes —GIEI—, que dictaminó que no existen evidencias de que un fuego de tal magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero. Asimismo fueron consultados expertos en antropología forense de Argentina y de la Universidad de Innsbruck. Finalmente, prevalece la decepción por el fracaso del gobierno para descifrar lo ocurrido.

Ahora, a ocho años de los narrados acontecimientos, la  Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, por conducto de Alejandro Encinas, presentó un informe preliminar, sosteniendo que  fue un “crimen de Estado” en que autoridades de  todos los niveles, federales y estatales, estuvieron involucradas, siendo omisas y negligentes, alterando hechos y circunstancias, pretendiendo variar el resultado final de las investigaciones, sin existir indicios de que los desaparecidos estén vivos. Por conducto de un infiltrado, el Ejército estuvo al tanto de estos confusos sucesos, sin haber propiciado la búsqueda adecuada para la localización de los estudiantes.

A escasas 24 horas del informe presentado por Alejandro Encinas, el principal investigador original del caso, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, fue detenido por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y actos contra la administración de justicia. En posterior mañanera fue difundido un video en que Murillo precisó que junto con Tomás Zerón —fugado en Israel— jefe de la Agencia de Investigación Criminal, serían los responsables de la investigación, es decir, según AMLO, Murillo se autoinculpó.

Posiblemente algunos subalternos de la misma PGR durante la investigación incurrieron en delitos por los que inculpan al exprocurador, privándolo ahora de su libertad. La prisión preventiva justificada en que el inculpado permanece preso durante el transcurso del proceso, sin haber demostrado su culpabilidad —pudiendo ser inocente—, es violatoria de los más elementales derechos humanos. A junio 2022, cumplían prisión preventiva 92 mil 595 inculpados.

Inédito, el exprocurador de la República pasó de investigador a investigado.

Analista