A meses de terminar el sexenio del presidente López Obrador, la Fiscalía General de la República decidió reabrir la carpeta de investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué tan creíble es que 30 años después de dicho crimen existan nuevos indicios o nuevas hipótesis de investigación? La verdad es que poco. Construir una verdad histórica es muy complicado, pero cuando se hace con fines políticos, es aún más difícil. Pero, ¿por qué la Fiscalía General de la República está reabriendo el caso?

La primera explicación es porque la única persona condenada, Mario Aburto Martínez, quien originalmente fue sentenciado a 45 años en 1994, se encuentra en una disputa legal. Su abogado pidió un amparo para que su condena se ajuste al Código Penal de Baja California de 1994 con un máximo de 30 años. Aunque un tribunal en Toluca concedió el amparo, la Fiscalía General de la República impugnó y ahora la Suprema Corte está revisando el caso, lo que pospone cualquier posible liberación de Mario Aburto.

La segunda razón por la que el caso Colosio vuelve a ser tema de discusión es su potencial impacto político en el contexto electoral. La reapertura del caso en abril de 2022, dirigida por el Fiscal Abel Galván Gallardo ha sido muy limitada, con sólo 18 agentes de la Fiscalía trabajando en dicho caso y un presupuesto reducido. La falta de transparencia y la escasez de evidencia nueva sobre un supuesto segundo tirador, Jorge Antonio Sánchez Ortega, puede hacernos pensar que esto tiene otros fines que nada tienen que ver con esclarecer el asesinato del excandidato presidencial. Esta situación deja muchas preguntas sobre la veracidad y las motivaciones detrás de la investigación actual.

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del difunto candidato presidencial, pidió a AMLO el indulto para Mario Aburto buscando cerrar el caso y fomentar la sanación. A pesar de ello, el presidente López Obrador rechazó la solicitud, insistiendo en la importancia de no permitir la impunidad y continuar la investigación, dada la reciente teoría del segundo tirador y la implicación de un agente del Cisen, Genaro García Luna.

No es de sorprender que el presidente López Obrador haya negado el indulto, pues no ha dado uno solo durante su sexenio con el pretexto de combatir la impunidad. En México, el indulto es una facultad exclusiva del Presidente y perdona la pena de una persona condenada sin invalidar la sentencia ni eliminar la responsabilidad penal. Presidentes como Fox y Calderón hicieron uso de esta facultad en casos variados. El primero otorgó 8 indultos donde destacan la liberación de un miembro del EZLN y a dos pescadores michoacanos acusados de privación ilegal de la libertad de funcionarios de Medio Ambiente que habían acudido a Pátzcuaro a imponer una veda de pesca. Calderón otorgó 4 indultos, entre los que destacan la liberación de personas juzgadas en tribunales militares. Por último, Peña Nieto otorgó solamente un indulto a Alberto Patishtán Gómez, un indígena tzotzil, profesor y activista chiapaneco que fue acusado de encabezar una emboscada en la que murieron siete policías.

Sobran ejemplos en esta administración (y las pasadas) sobre cómo la procuración de justicia se utiliza con fines políticos. El caso de Colosio no es la excepción. Los mexicanos nos merecemos una justicia que pacifique, una justicia que cuente historias creíbles y que encuentre a los verdaderos culpables. Esta es, y por lo visto, seguirá siendo la asignatura pendiente de esta administración. Ojalá la nueva presidenta de México entienda que la justicia está para dar explicaciones y pacificar el conflicto, no para el uso con fines políticos.

*Abogado Penalista