Vivimos la época de mayor desigualdad en la historia de la humanidad. De 1980 a 2018, en el periodo de la implementación del neoliberalismo como modelo económico e ideológico en la mayor parte de los países capitalistas, los grandes patrimonios han crecido tres o cuatro veces más que la economía mundial, en gran medida gracias a las relaciones de las grandes empresas con los poderes estatales —tal como lo expresa Thomas Piketty en Capital e ideología—, así como debido a la contracción de los ingresos de las clases populares. En otras palabras, el uno por ciento más rico se ha hecho más rico, y las personas pobres, más pobres, a causa de los privilegios y las asimetrías estructurales.

En este sentido, los gobiernos posneoliberales tienen como asignatura pendiente las reformas fiscales que permitan redistribuir de manera eficaz, pero (y sobre todo), equitativamente la riqueza.

En México, la Cuarta Transformación ha centrado sus esfuerzos en materia de política económica en dos sentidos: 1) acabar con la corrupción y desvincular al poder político del poder económico —factores que ocasionaron los altos niveles de desigualdad actuales—, y 2) fortalecer el gasto social, para dar prioridad a quienes más lo necesitan; sin embargo, en materia tributaria ha habido una peculiaridad que hace de nuestro país una punta de lanza: lograr una mayor recaudación sin aumentar ni crear nuevos impuestos, convirtiéndola, a ojos de la CEPAL, en la estrategia más llamativa de la región.

Lo anterior ha sido posible gracias a la nueva política de combate a la evasión fiscal y a que se prohibió la condonación de impuestos, acciones que dañaban a la hacienda pública. Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que de 2007 a 2018 la condonación de obligaciones fiscales se tradujo en la no recaudación de 413 mil 258 millones de pesos, encontrando su punto álgido en 2013, cuando esta práctica significó un perjuicio de 226 mil 381 millones de pesos.

Para el próximo año se tienen contempladas dos modificaciones importantes en la miscelánea fiscal: la primera es establecer un límite a las donaciones, lo cual afectaría los ingresos de únicamente 50 personas físicas, en su mayoría directivas de fundaciones, de 10 mil donantes con registro.

La segunda consiste en establecer la obligación de todas las personas de registrarse como contribuyentes al cumplir la mayoría de edad, con el fin de recibir avisos si su RFC se da de alta como representante de una fundación o empresa o de alguna otra actividad que resulte sospechosa, así como para fomentar la cultura de la legalidad.

Por su parte, la iniciativa de la Ley de Ingresos 2022 no sólo evita aumentar la carga tributaria, sino que introduce el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, el cual reduce las tasas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que en la actualidad van del 1.9 al 35 por ciento, para colocarse entre el 1 por ciento y el 2.5 por ciento para personas físicas con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales.

Para las personas morales con ingresos menores a 35 millones de pesos al año, lo que representa al 96 por ciento de las registradas como contribuyentes, existirá el requisito de residir en México y estar conformadas únicamente por personas físicas.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados se aprobó incluir los productos de higiene menstrual entre aquellos con tasa cero para el pago del IVA, lo que reduciría sus precios, con el fin de hacerlos más accesibles.

De este modo, la Cuarta Transformación de México sigue avanzando hacia la reducción de las desigualdades, disminuyendo la carga tributaria de quienes menos tienen, eliminando privilegios de las personas más acaudaladas y fortaleciendo el Estado de derecho.

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