Fueron imágenes devastadoras: la gente arremolinada en el saqueo de un ducto de gasolina y luego la tragedia que hasta el momento ha dejado 118 personas muertas y otras tantas desaparecidas. Se piensa que es el resultado del huachicoleo, pero el problema es más profundo.

Ante la falta del Estado y la prevención del delito, ante la impunidad que impera en México, el crimen organizado penetró las comunidades aledañas a los oleoductos, contaminó, trastocó los valores de una parte de sus pobladores y los llevó por la senda equivocada. Las escenas de pobladores enfrentando al Ejército y los cuerpos policiacos, para impedir los operativos se volvieron cotidianas; las explosiones y sus saldos de muertos y heridos, no son algo nuevo, como tampoco el saqueo a los trenes en el sureste del país. El problema es que nos acostumbramos a eso.

A los pobladores les dijeron que el petróleo les pertenece, que estaba bien tomarlo. Hubo quienes así lo asumieron, otros prefirieron seguir trabajando el campo, pero se dividieron, algunos se convirtieron en delincuentes y los que no, los consintieron, no lo denunciaron, les compraron el combustible, convivieron. En un análisis más profundo veríamos que la causa no está en la pobreza, porque no todos los huachicoleros son pobres, la causa está en la permisividad de la justicia que deteriora el tejido social.

No será sencillo recomponerlo sólo con programas sociales mediante inversiones dirigidas a los 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex. Las políticas asistencialistas de los regímenes pasados demostraron plenamente su ineficacia.

Hace falta mirar profundamente la realidad, entender la desesperanza de la gente y su pragmatismo; su trasmutación en pueblos huachicoleros, no será desterrada con 9 mil pesos mensuales a través de distintos programas. La descomposición de la sociedad, de la familia; la ruptura de los vínculos de confianza entre vecinos, el desafío a la autoridad es ocasionada porque la gente, todos los días al levantarse, se mira al espejo de sus necesidades y al mirar el aparato televisor observa que ante los grandes delitos nacionales, de políticos, empresarios o narcos, nunca hay castigo.

El huachicol es sólo un delito más de los que se cometen en el país: la piratería, el asalto, el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, feminicidios, saqueo de las arcas públicas, el robo de gasolina en las máquinas despachadoras y un largo etcétera.

Este país ha invertido miles de millones de pesos en las políticas de seguridad, que se reducen a tener más cuerpos policiacos, armas y patrullas. Ahora mismo la Guardia Nacional sólo se compone de eso, pero se han olvidado las otras dos partes, el fortalecimiento de la justicia para castigar eficazmente los delitos y lo más importante el fortalecimiento del ser humano, la gente que debe tener oportunidades de desarrollo integral para que cometer delitos o hacerse de la vista gorda ante éstos no sea un asunto normal.

Si hay compromisos serios con el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y un cambio de estrategia que priorice el fortalecimiento de las capacidades productivas de la gente y que visibilice que delinquir no es normal ni un tema de pobreza, y que si hay delitos, hay castigo. Si hay voluntad de ir a fondo en el combate a la impunidad en todos sus niveles, entonces podrá haber resultados. Pero si todo se reduce sólo a poner a disposición los programas sociales que han fracasado una y otra vez, los resultados serán los mismos y lo seguiremos lamentando como país.