En política la misma palabra puede tener significados diferentes y hasta opuestos. Tal es el caso de la palabra autonomía. Y es que en México hay de autonomías a autonomías.

Una cosa son las autonomías que aseguran el ejercicio de libertades y derechos de la sociedad frente a los Poderes del Estado y otra son las autonomías creadas para proteger los intereses de los consorcios privados frente al poder público y aún ante la sociedad.

En el rubro de las autonomías que resguardan derechos y libertades están, por ejemplo, la autonomía universitaria que protege la libertad de cátedra, investigación, expresión y creación en las instituciones de educación superior.

Otro ejemplo es la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene como objetivo asegurar que no sea el gobierno el que organice los procesos electorales.

También está la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene por objeto proteger a las personas frente a los abusos del Estado.
Asimismo, en este sentido se encuentra la autonomía de los pueblos indígenas que fortalece su cultura, organización, tradiciones, usos y costumbres y derechos.

Por otro lado, están las autonomías que se ejercen desde organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Estos últimos organismos se crearon para alentar la competencia de los grandes consorcios privados transnacionales en contra de las empresas de la Nación.

Por ello, lejos de velar por los intereses de la ciudadanía, se han dado a la tarea de generar condiciones para que los consorcios privados, y especialmente extranjeros, puedan competir contra lo que se consideraba monopolios estatales.

A la luz de los recientes acontecimientos, no parece que estos organismos hayan sido de gran ayuda para la ciudadanía, que se ha visto sometida a frecuentes aumentos en los costos de los energéticos domésticos.

No es que haya autonomías buenas y autonomías malas. Es que las instituciones son producto de procesos históricos. Los órganos autónomos ligados a la protección de derechos y libertades tienen su origen en luchas sociales y ciudadanas.

Por ejemplo, la autonomía universitaria en México está ligada al movimiento estudiantil de 1929.

El INE y su autonomía es resultado de la larga lucha por la democracia y la limpieza electoral del pueblo de México. No podría entenderse esta institución sin el gran movimiento social desatado luego del fraude electoral de 1988.

La persecución política, particularmente la guerra sucia desatada en los años 60, 70 y 80, provocó un importante movimiento social que derivó en la creación de la CNDH para proteger a la gente de los abusos del poder.

Por su parte, las autonomías de los órganos encargados de regular mercados energéticos están ligados otro tipo de procesos históricos. En estos casos, a la implementación de políticas neoliberales que se tradujeron en la privatización de bienes y recursos nacionales, así como en el desmantelamiento de las empresas propiedad del Estado Mexicano.

Nacieron en el contexto de una guerra ideológica que buscó la demonización de la intervención del Estado en la economía y, en contraparte, el enaltecimiento del papel del mercado y los consorcios. No nacieron de luchas sociales democratizadoras.

De ahí que el funcionamiento de estas instancias esté más orientado a promover y defender los intereses privados por encima del interés público y social. Podrían tener un papel distinto, usar la autonomía para defender los intereses ciudadanos ante el poder político y el poder económico.

Ahora, en el contexto del cambio político mexicano que significa una ruptura ideológica de la ciudadanía con el neoliberalismo, es natural que dichos órganos autónomos sean objeto de evaluaciones críticas. No creo que deban desaparecer. Pero sí pueden reorientar sus políticas para buscar equilibrios, cercanía con la ciudadanía, respeto a las empresas públicas y defensa del interés nacional.