En días pasados, se presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos iniciativas de reforma a diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, apoyadas por senadoras y senadores de todos los partidos, con las que se busca extender el mandato de paridad de género con el fin de alcanzar la paridad total en todos los órganos del Estado mexicano.

Desde el 17 de octubre de 1953 en que se promulgó la reforma constitucional para que las mujeres mexicanas gozaran de la ciudadanía plena y hasta el día de hoy, sólo 9 mujeres habían logrado ocupar una Gubernatura en el país: en Colima, Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, Zacatecas, Sonora y Puebla. Sólo la Ciudad de México y Yucatán han tenido dos mandatarias.

Lo mismo ocurre en el Congreso Federal, al registrar en la Cámara de Diputados desde 1952 y hasta 2021, mil 614 diputadas (mil 130 desde el año 2000); mientras que, en el Senado de la República, desde 1962 han ocupado un escaño 414 mujeres, de estas, 321 en los últimos 20 años.

Lo anterior revela no solo la enorme deuda histórica que nuestra sociedad había acumulado con las mujeres, sino el enorme desafío que ha significado avanzar, con grandes dificultades, paso a paso, para ir ganando el reconocimiento del derecho de las mujeres a tener las mismas posibilidades que los hombres para acceder a puestos de decisión en las estructuras de gobierno.

Aunque las reformas constitucionales de 2014 y 2019 significaron un gran avance, resta garantizar el principio de paridad en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los órganos jurisdiccionales de los estados de la Federación y de la Ciudad de México, los tribunales administrativos del Ejecutivo Federal y de manera específica en los órganos constitucionales autónomos, lo que se pretende con las iniciativas mencionadas.

Baste señalar que, en el Pleno de la SCJN, las mujeres representamos 27%, y en la Sala Superior del TEPJF, así como en el CJF, 28%.

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 (Inegi), actualizado a febrero de 2021, en los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados se desempeñan apenas 188 Magistradas (31.2%) y en los Consejos de las Judicaturas estatales, 40 mujeres son Consejeras (25.8%).

Por otra parte, en la Sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las mujeres representan solo el 18%; en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el 17%, y solo los Tribunales Agrarios muestran un avance importante, particularmente el Tribunal Superior Agrario, en el que representan un 55%.

La lucha por la paridad ha significado superar las condiciones de marginación que han padecido las mujeres como resultado de un trato histórico desigual; reivindicar el derecho a participar en la vida política y económica en la misma forma y proporción que los hombres; reformular el acuerdo social y familiar cotidiano, revalorando y comprendiendo el desarrollo profesional de la mujer sin que este sea a costa de la vida personal y familiar, y reconocer una injusta e histórica exclusión, para dar paso a una nueva construcción social que reconozca el aporte sustancial de la mujer en todos los ámbitos de nuestra vida política, económica y social.

La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas y la Asociación Mexicana de Juzgadoras, así como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito del PJF, entre otros actores políticos relevantes, han expresado su apoyo a estas reformas, para que sean impulsadas en el constituyente permanente.

Estas iniciativas representan un impulso definitivo para que la paridad se consolide como una nueva realidad jurídica en los órganos del Estado mexicano.