Ante la llegada del huracán Otis, cobra especial relevancia y genera un mayor dolor el recuento de angustia, desgobierno y muerte que ha sufrido Guerrero en los últimos años, por la incapacidad de su gobernadora y del gobierno federal. No se prepararon ni alertaron a la gente. Pero además el presidente despreció el apoyo de las organizaciones civiles y ordenó que solo el Ejército hiciera la entrega de despensas para los daminificados. Setenta y dos horas después del huracán no había ni agua ni alimentos.

El Ejército tiene todo un sistema para casos de emergencia, el Plan DNIII, sin embargo, ante tantas responsabilidades que les han dado, olvidaron que esta sí es su obligación primordial. Pero sin importar las declaraciones del Ejecutivo, la sociedad se ha volcado en hacer despensas y se están mandando a través de la Cruz Roja y de otras organizaciones civiles, esperemos les permitan repartirlas.

Es esa incapacidad y esa vileza del gobierno la que abre la puerta a que sean los cárteles quienes se organicen para ayudar a la población en emergencia, siempre atentos de hacerse de más base social y siervos.

Este fenómeno meteorológico no fue lo único que azotó a Guerrero esta semana. En 24 horas registró 22 asesinatos, de los 81 asesinatos cometidos en el país. De estos, 11 corresponden a policías municipales que fueron masacrados en el municipio de Coyuca de Benítez junto a sus dos mandos; el secretario de seguridad y el director de la policía que por cierto llevaban poco tiempo en el cargo debido a que, de sus antecesores, uno renunció porque sufrió un ataque criminal y al otro también lo ejecutaron. Esta atrocidad se suma a las 366 cometidas en el estado durante en el presente año.

Un familiar de las víctimas comentó en medios que al menos pedía que el gobierno apoyara a las viudas, ya que los policías no tenían ni seguro ni prestaciones y ganaban unos 6 mil pesos mensuales. Sí, estas son las condiciones en las que están la mayoría de los policías que se rifan la vida por defender la nuestra; y cuando los asesinan las familias quedan desprotegidas.

Sin que la mayoría de los ciudadanos se inmuten, del 1 de diciembre de 2018 al 19 de octubre de 2023 al menos han asesinado a 2,159 policías en el país. La tasa en 2023 sería de 74.5 policías asesinados por cada 100 mil policías, tomando en cuenta a policías municipales, estatales y Guardia Nacional, en un estimando total de 477,706 personas con funciones de seguridad. La tasa promedio en 2022 fue de 25 homicidios en el país, solo por debajo de Colima y Zacatecas, los estados más violentos.

Lamentablemente, para la mayoría de la población estas cifras no le significan nada, porque la narrativa que se ha querido construir es en algo estaban metidos. Esta misma situación sucede con los desparecidos y las víctimas de homicidio.

Esta miopía junto con la falta de voluntad política de los gobernantes de formar policías bien pagados, con buenas prestaciones y bien controlados, más la desaparición por parte del presidente de la mejor policía que teníamos en el país tienen al país sentado en una bomba de tiempo. ¿Cuánto tiempo más tenemos para que la inseguridad colapse al país?

Espero que pronto los ciudadanos nos volquemos en exigencia a los políticos y apoyemos a nuestros policías, así como lo estamos haciendo con la población de Guerrero, porque la situación de los policías es una emergencia.