A partir de que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión provisional general de las reformas en materia de energía eléctrica promovidas por el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una faceta autoritaria que amenaza con colapsar los equilibrios entre poderes en el Estado Mexicano.

Se entiende la molestia del mandatario ante lo que considera una decisión injusta, porque es la reacción natural de quien no gana un asunto litigioso, pero de eso a denigrar al juez y pedir que se le investigue sin más antecedente que una decisión procesal, ya rebasa los límites jurídicos y toma más cariz de venganza.

Sumemos como agravante el hecho de que desde las conferencias de prensa matutinas se alienta desde hace tiempo a agredir en redes sociales a todos los que se contraponen a la voluntad del Ejecutivo Federal. Periodistas, empresarios, activistas, colectivos de mujeres, políticos y ahora jueces son puestos en la picota por las huestes de AMLOvers.

Este tipo de polarización ya ha llegado en ocasiones a la agresión física, lo que es a todas luces indeseable para la democracia.

Desde que el gobierno federal presentó al Congreso de la Unión su propuesta de reforma en materia de energía eléctrica, desde varios foros académicos, jurídicos, administrativos y políticos se advirtió que la iniciativa podría contraponerse a los principios de libre competencia y también a los acuerdos internacionales que México ha firmado, entre ellos el TMEC. Incluso organismos empresariales y legislativos de Canadá y Estados Unidos hicieron saber su inquietud por el contenido de dicha reforma.

La respuesta del presidente López Obrador fue: no se le cambie ni una coma. Como en una reedición de la presidencia imperial. Y también como en los viejos tiempos, la mayoría oficialista en el Congreso federal aprobó la propuesta del Ejecutivo tal cual lo pidió: sin cambiarle ni una coma.

¿Por qué extrañarse entonces ante la presentación de amparos? Es el recurso que los particulares tienen ante los actos de gobierno que les afectan, un proceso jurídico del que nuestro país puede presumir, pues funciona como útil herramienta ante los abusos de la autoridad y representa un instrumento de equilibrio al presentar los casos para su evaluación judicial.

Ahora el mismo juez federal ha concedido la suspensión definitiva mientras se resuelve el fondo del asunto, esto es, la constitucionalidad de la reforma.

El gobierno por su parte ha escalado el conflicto cuando en voz del propio presidente López Obrador se ha afirmado que de declararse inconstitucional la reforma, el régimen contestará cambiando la Constitución.

Los diputados de Morena fueron más expeditos en dar gusto al mandatario federal: proponen cambiar la Ley de Amparo para que no sea válida en los casos de actos de gobierno que sean de interés público o cuando “obstaculicen” el funcionamiento de las empresas del Estado como Pemex o la CFE.

Es el peor de los escenarios posibles no solo para el orden jurídico sino para las garantías que tenemos las y los ciudadanos ante la actuación del gobierno.

En perspectiva: todos los días el Poder Judicial resuelve miles de peticiones de amparo, precisamente porque las decisiones de los gobiernos afectan las actividades de la gente, y necesariamente hay quienes no están de acuerdo. Para resolver estas diferencias sin que se lastime el interés de las y los ciudadanos está el juicio de amparo.

¿Qué pasaría si las leyes y la Constitución cambiasen de acuerdo a los deseos de una sola persona? Las consecuencias de un manejo unipersonal o faccioso del orden jurídico nacional son impredecibles pero de entrada podemos afirmar que no son deseables para la democracia.

Siempre será mejor un país de instituciones que uno en el que la autoridad pueda hacer lo que quiera tan solo con desearlo.