Es una paradoja que el proceso penal sobre actos de corrupción del más alto funcionario mexicano jamás juzgado se haya iniciado en los Estados Unidos. El hecho genera una serie de reflexiones sobre el lugar en que se encuentra la procuración de justicia en el país.

¿Por qué una división de la fiscalía federal norteamericana es la que está procesando a un nacional por actos de corrupción que ocurrieron en territorio nacional? ¿Por qué no es la Fiscalía General de la República (FGR) quien está haciendo este trabajo?

En México la justicia penal federal sigue siendo un mecanismo de control político destinado a perseguir a los adversarios del Ejecutivo Federal y proteger a sus aliados. La FGR sigue siendo lo que fue la Procuraduría General de la República; es idéntica. Las modificaciones constitucionales que fueron aprobadas, con el deseo de darle independencia del Poder Ejecutivo, han resultado ser un fracaso. Lo mismo puede acusar penalmente a alguien, congelar una investigación o pedir la cancelación de órdenes de aprehensión giradas, todo ello, por instrucción presidencial o capricho interno. Los fiscales de menor rango dependen de su superior y la pirámide sigue al punto que en la cúspide todo se vuelve manipulable. Hoy, la función más importante que tiene la Fiscalía es ser un caro garrote político.

En contraste, la oficina del Abogado General de los Estados Unidos en Nueva York no inició la investigación contra Genaro García Luna a partir de una orden presidencial. Los fiscales en esta oficina se conducen con un amplio margen de independencia. La designación y permanencia de estos fiscales no depende de funcionarios electos. No llevan línea.

En términos de la profesionalización en tareas de investigación criminal la diferencia también es abismal. Los fiscales norteamericanos que presentarán el caso contra García Luna acumulan años de especialización en la investigación del crimen organizado en México, muy particularmente en crímenes relacionados con el Cártel de Sinaloa. En otras palabras, su trabajo tiene una agenda, un foco, desarrollado en muchos años. Su plan de trabajo fue electo, no impuesto.

Que un fiscal o grupo de fiscales dediquen toda su vida profesional a entender un mercado ilegal y combatirlo nunca se ha visto en México. Lo que priva en nuestro país es un tratamiento de eventos como si fuesen aislados, a perseguir a personas como si no se relacionaran con otras. Nos enfocamos en el delito, pero no en el fenómeno criminal. Nos enfocamos en el perpetrador pero no en la red criminal que lo sostiene.

El juicio contra García Luna es de enorme importancia para la agenda de los fiscales de Brooklyn. Representa mostrar al mundo que el crimen organizado del país depende de su asociación con funcionarios de todos los niveles de gobierno; de nuestro gobierno. En ese sentido es un juicio en contra del sistema mexicano que, al mismo tiempo, muestra la dinámica del narcotráfico. El objetivo es ambicioso y su éxito es incierto.

Sin embargo, independientemente del resultado del proceso en el país vecino, la lección en casa es clara. Nuestra Fiscalía General, bajo el mando de Gertz Manero, ha sido incapaz de generar una estrategia de persecución penal en ninguno de los temas relevantes para el país. La FGR carece de la capacidad de catalizar un proceso como el que se inició de lleno en Nueva York. Y no tiene la capacidad, principalmente, porque no tiene voluntad.

Investigadora en justicia penal.

@LaydaNegrete