Cada vez es más relevante el peso de la opinión pública en los temas del país. La historia de la humanidad y de la democracia está íntimamente relacionada con este fenómeno social. Aún y cuando en las monarquías en donde se consideraba al monarca de origen divino, se advertía la necesidad del pueblo de dar a conocer su postura sobre los temas que les afectaban.

Por ejemplo, en el Humanismo, doctrina del Renacimiento en los siglos XV y XVI, ya se explicitaba la necesidad de que el gobierno conociera la opinión del pueblo y contara con la estima de los súbditos hacia el rey; “le vale más al príncipe ser amado que ser temido”, “conviene que el Rey pregunte lo que dicen de él”, expresaban.

Así, a través de la historia se siente la presión de los individuos hacia las estructuras políticas. Se advierten dos hechos: La opinión pública se manifiesta como una fuerza imposible de ignorar; pero también que el gobierno, consciente que debe escuchar a su pueblo, puede manipular o fingir escuchar a la sociedad.

Al revisar la literatura sobre el concepto destacan los siguientes atributos de la opinión pública: juicio social, consenso, aspectos públicos importantes, conciencia de un poder anónimo e imprevisible, conciencia concreta de un estado histórico. 

El filósofo Agustín Basave decía “...puede estimularse, frenarse y hasta maniatarse -como en las dictaduras-, pero lo que resulta imposible es anonadarla, sofocarla en los espíritus. Está hecha no sólo de razón, sino de sentimiento, instinto, esperanza, simpatía o antipatía. Podemos tartar de clarificarla, de racionalizarla...pero nunca desaparecerá, del todo, un cierto fondo irracional”.

Es importante distinguir entre la opinión pública y la del público. La primera es emitida por un grupo autorizado, es decir por una entidad organizada que tiene reconocimiento en la sociedad y que, por lo mismo, representa a un sector definido de la misma. No pretende asumir el poder político, para diferenciarlos de los partidos, y busca ejercer presión por un cambio mediante una cadena de reacciones para lograrlo. Se basa en principios o valores que se consideran fundamentales para la sociedad, es decir, tiene un fundamento en la cultura e historia de la comunidad. La opinión pública es una reacción a algo o a alguien, tiene dirección, a favor o en contra, intensidad y lo que es más importante, nivel de información. Dependiendo del tamaño de los grupos a los que represente, tendrá una fuerza significativa en el poder político por los recursos que controla.

Por otra parte, la opinión del pueblo es la que se manifiesta a través de encuestas o marchas, pancartas, digamos que es una suma de opiniones individuales, en donde no hay una estructura u organización definida de una posición o postura grupal; sí tiene intensidad, pero su nivel de información es frágil pues se sostiene más de emociones.

De manera paralela a estas dos expresiones comunitarias, tenemos la postura del vocero que es la opinión de quienes participan en la toma de decisiones, y de los editorialistas o líderes de opinión que ayudan a entender la situación y dan su interpretación.

El pueblo no siempre tiene la capacidad por sí mismo, de definir una postura racional o informada de la situación; necesita de los grupos, de los voceros y de los líderes de opinión que les ayuden a tener la visión real del entorno que se vive. Hay pueblo informado y desinformado, por eso, para los desinformados, puede ser fácil manipular su opinión cuando se sustenta en apoyos o dádivas sociales.

Si identificamos las corrientes de opinión sobre el gobierno de AMLO, en una interpretación muy personal, identifico a una opinión pública que desaprueba su gestión; opinión de voceros dividida y opinión del pueblo dividida. En suma, posiciones encontradas, población polarizada.

Ahora que no pasó la reforma electoral que pretendía cambios en la constitución relacionados con el INE, ganó la opinión pública, la del pueblo informado que participó en la marcha del 13 de noviembre y que además se expresó de diferentes maneras, así como de los líderes de opinión que ejercieron mucha presión para que el “INE no se tocara”. Los congresistas no pudieron ignorar la posición de la ciudadanía ante esta temática; el costo político hubiera sido alto de haber aprobado la reforma.

Ciertamente la oposición y el presidente con su “plan B” se salieron con la suya para algunos cambios en las leyes secundarias que afectan la estructura y atribuciones del INE. Los cambios todavía tienen que ser aprobados por el Senado y seguramente habrá otras reacciones ciudadanas.

“Esto apenas comienza”, dijo el presidente.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com