Una de las principales revelaciones del último informe de la Comisión Presidencial Para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue el alcance de la participación de diversas instituciones y autoridades, especialmente las militares. En la presentación, su titular, Alejandro Encinas afirmó que la desaparición de los estudiantes "constituyó un crimen de Estado … ¿Qué pasó? La desaparición forzada de los muchachos esa noche por agentes del Estado y grupos delictivos. Como institución, participó Sedena, Marina. De la Policía Federal no se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones."

En Ayotzinapa existió una red de complicidad que llega hasta los grados más altos de la institución militar. El papel del Ejército mexicano no fue solo cuidar el perímetro, ni la omisión de actuar, como se había sostenido en la versión de la "Verdad Histórica" construida desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las Fuerzas Armadas, y el Ejército en específico, participaron activamente en el crimen.

Primero: El Ejército mexicano tenía a un soldado infiltrado en la Normal de Ayotzinapa. Este joven también fue asesinado y desaparecido. ¿Por qué tiene el Ejército agentes encubiertos en una escuela? ¿Qué fundamento legal sustenta la infiltración? ¿No se trata de un acto ilícito en sí mismo?

Segundo: La evidencia apunta a que elementos del Batallón 27 de Infantería formaba parte de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas. Para proteger los intereses del grupo criminal, asesinaron a los estudiantes y participaron de su desaparición.

Tercero: En distintos momentos y niveles, elementos militares encubrieron los crímenes. Según la versión no testada del informe, autoridades municipales, militares y miembros del grupo de delincuencia organizada, movieron los cuerpos de los estudiantes para impedir su hallazgo por los familiares. Las comunicaciones señalan que serían llevados al interior de las instalaciones militares. Desde la desaparición, las familias de los estudiantes habían pedido que se investigara al 27 batallón y sus instalaciones. El general Salvador Cienfuegos, acusado y detenido en Estados Unidos por delitos de narcotráfico pero exonerado por la presente administración, negó la participación de los elementos del 27 Batallón y obstaculizó que se investigara. Ninguna autoridad civil se atrevió a ponerle un alto al general, ni siquiera con la desaparición de 43 estudiantes enfrente.

Cuarto: Elementos de la Marina intervinieron y contaminaron el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes. En un video presentado por el GIEI, varios marinos bajan bolsas de unas camionetas e inician un incendio en el basurero.

Ya sabemos que militarizar la seguridad pública no funciona para reducir violencia. La evidencia acerca de la participación de militares en los crímenes graves cometidos en Ayotzinapa, muestra además que no son incorruptibles, pero que están protegidos por el fuero militar. El caso debería alertarnos de los peligros que conlleva normalizar la militarización de la seguridad pública. Ojalá gobierno y legisladores reconozcan la evidencia, los riesgos implícitos en las propuestas militaristas que aparecen una y otra vez y que, por responsabilidad cierren la puerta a la impunidad y la repetición.

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