Y sigue la mata dando. En el juego de poder a poder entre el Congreso del estado y el Gobierno de Nuevo León, la SCJN emitió un fallo a favor de los primeros nada más para agregar un capítulo más a sus diferencias.

Por lo que se podría decir que la Corte desechó el recurso promovido por el Gobierno de Samuel García para suspender las sesiones del Congreso local, porque afectaban el funcionamiento del Poder Legislativo por realizar periodos extraordinarios.

Obligando de esta manera al Estado a publicar por lo menos 95 decretos aprobados en el segundo y quinto período extraordinario; 40 decretos son reformas a diversos ordenamientos legales y 55 corresponden a dictámenes de cuentas públicas.

Por lo que dentro de dichos decretos destaca entre otros el referente a la Unidad de Inteligencia Financiera Económica que tenía el Estado bajo su control y del que ahora el Congreso podrá nombrar a su titular y cambiar directivos.

Luego del fallo de la SCJN en contra del Estado y en favor del Congreso local, estos últimos confían en que la autoridad defina a su favor algunos asuntos más que están pendientes.

Por lo que esperan con ansias el 28 de abril, fecha en que la Corte dictaminará si el Congreso o el Estado tienen la razón en torno a las recientes reformas aprobadas por el Legislativo.

Y que corresponden a cuestiones constitucionales, que incluyen, entre otras cosas, la designación del fiscal general de Justicia del estado, por lo que vale parar oreja y pelar el ojo.

Pero como el pleito entre los poderes en Nuevo León no termina, le diremos que el Gobierno estatal busca evitar el desafuero de Javier Navarro a como dé lugar.

Por lo que ya se amplió un recurso que pretende frenar las negras intenciones del Congreso de Nuevo León y de la Fiscalía contra el secretario general de Gobierno.

De modo que ya se imaginará cómo está el cruce de apuestas entre las partes, sobre todo por la cita de Navarro en el Congreso programada los primeros de mayo, por si llega o no llega.

Donde sí se están poniendo las cosas color de hormiga es entre aquellos funcionarios estatales que fueron citados en el Congreso local que aún no van y los que no han ido.

Especialmente sobre estos últimos que podrían estar obligados a comparecer en los términos que implica la ley en su artículo 63, en torno a las responsabilidades administrativas.

Pues de no acudir a la cita en el Congreso se estaría cayendo en desacato y se haría acreedor a una sanción por desacato, por lo que ya se imaginará el nerviosismo de algunos.

De modo que habrá que ver si dan cumplimiento a las mismas Sofialeticia Morales, titular de Educación, quien se encuentra citada para el próximo lunes.

Amén de otros más que no han acudido, como es el caso de Gloria Bazán, directora del DIF, a quien ya le pusieron por lo menos dos tremendas tachotas.

Dicen los que dicen que saben, que en el municipio de Rayones aplica el viejo adagio aquel que reza más o menos así: pueblo chico, chisme grande.

Y si no lo quiere creer le diremos que María Gregoria Martínez, quien el propio Hernán Salinas, dirigente estatal del PAN, consideraba su principal activo, les renunció.

La dama, quien tenía años de militar bajo las siglas del partido albiazul, entregó su carta de renuncia al PAN para unirse al MC, quejándose del olvido de la militancia.

Y que podría convertirse en la punta del iceberg de una desbandada anunciada de panistas para afiliarse al partido Movimiento Ciudadano, sino pa´l baile vamos.