La concentración en el Zócalo capitalino quedará en la historia de México como una exclamación de la sociedad civil ante la Suprema Corte de la Nación para que detenga la demolición de la democracia. El resultado de esta exigencia es incierto. Lo único seguro será la determinación de la gente para detener y descartar el Plan B de Morena, mantener la democracia y disponerse a consolidarla. De ser declarada constitucional, la reforma legal habrá destruido la base institucional que asegura las garantías del ciudadano: padrón electoral confiable, organización de las jornadas electorales —con la ciudadanía encabezando las casillas de votación—, conteo exacto y transparente de los votos y garantía de que los gobernantes electos emerjan o se sumerjan gracias a la libertad depositada en las urnas. Es decir, se habrá suprimido el “sufragio efectivo” por el que lucharon y murieron Madero y seguidores.

Al igual que la marcha del 13 de noviembre (N-13), la concentración del 26 de febrero será la demostración de que el proyecto obradorista excluye a la democracia en aras de una “democracia” degradada en autocracia. Todos los autócratas proclaman actuar en nombre de la democracia, dicen protegerla y responder a las exigencias del pueblo. Lo que los desmiente es que hablan frente al espejo: ellos son el pueblo, sienten lo que siente el pueblo y dicen lo que quiere el pueblo. Llegado el momento están dispuestos a “dictar” lo que el pueblo manda, desde esa imagen de sí mismos que es lo único que se refleja en el cristal donde se miran.

Trece más trece suman 26. Para numerólogos y cabalistas las dos fechas pueden representar la duplicación en la concentración del F-26 de la fuerza expresada en la marcha de N-13. Ojalá y así sea. Pero no se tratará solamente de mostrar el músculo brillantemente una sola vez. Será necesario ramificarlo e invitar a unirse a los grupos que permanecen cautivos de la ilusión creada por López Obrador y creen que el Plan B les puede beneficiar. Suponer que la extensión ditirámbica de los recursos públicos para becar a adultos mayores y jóvenes se consolidará indefinidamente una vez que morena consiga el monopolio electoral es ignorar que la razón de fondo por la que se han recibido esos recursos deriva del vigor de la competencia electoral permanente. Eliminada ésta, no hay ninguna garantía de que se mantengan las dádivas.

Por el contrario, el reconocimiento de todas las fuerzas políticas, casi universal hasta el momento, de que el país tiene (tenemos) la obligación de garantizar los derechos a la vida digna de todas las personas deberá estar claramente reflejado en el compromiso que asuma la oposición política de llegar a gobernar al país. No solamente dar migajas, como lo hace Morena para comprar desvergonzadamente las voluntades de individuos libres, pero necesitados, sino un verdadero compromiso histórico para eliminar la pobreza y reducir la desigualdad social.

La promesa de la democracia ha sido ofendida por la persistente exclusión de un gran sector de la población marginado por la incapacidad del Estado mexicano para responder a sus necesidades y exigencias. Sin solidaridad, la democracia se convierte en oligarquía. Sin estado social, la democracia liberal carece de futuro, pero al revés pasa lo mismo, sin democracia liberal no hay estado social.

No estamos en la Guerra Fría cuando el enfrentamiento entre los radicalismos de derecha e izquierda congelaban las posibilidades de hacer avanzar el cambio social en la democracia. Esa antinomia falaz quedó a la zaga. Como generación tenemos enfrente la tarea de integrar democracia y derechos humanos como política de Estado y superar las decrépitas antítesis del siglo veinte que los hicieron excluyentes en virtud de la “razón de Estado”, que no es otra cosa que la irracionalidad del poder. La democracia es el arma para derrotar esa irracionalidad que se nos quiere imponer. Esto es lo que está en juego el próximo domingo en nuestra parcela de la aldea global.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. @pacovaldesu