Espaldarazo presidencial a las amenazas

¿Si una o uno de los periodistas señalados y vapuleados en las mañaneras fuera asesinado, cuál sería la responsabilidad de la Presidencia? No deja de sorprendernos la irresponsabilidad ególatra que se despliega desde el púlpito presidencial, el país requiere atención para reactivar la economía de millones de hogares que tras la pandemia han caído en pobreza y desempleo, el sistema de salud sigue colapsado con una tercera ola de Covid19 que no ha podido ser contrarrestada por las vacunas y la ausencia de programas sólidos de gobernanza es cada vez más notoria. ¡Ah!, por cierto, la violencia también está descontrolada.

Ninguno de estos problemas parece ser prioritario para atenderse en la agenda de comunicación del presidente en las mañaneras. Sus preocupaciones están enredadas en la incomodidad que le ocasiona la crítica, en la popularidad que cree ganar con la polarización y en la descalificación de la prensa que no celebra sus políticas. Dedicar una sección atiborrada de desinformación para desprestigiar el trabajo periodístico de muchas y muchos profesionales de la información, quizá le ayude a calmar la ansiedad que la crítica genera, quizá apacigüe el desconcierto de no ser reconocido por los analistas, quizá merme la rabia contenida de no contar con la aprobación de todas y todos los comunicadores, pero el riesgo en el que los coloca es incalculable.

Amanecer con una amenaza del crimen organizado para un día después ser mencionada varias veces en la mañanera por encabezar espacios de radio y televisión en donde se publicaron notas que no favorecen la imagen presidencial, no puede más que interpretarse como un espaldarazo a las amenazas. Azucena Uresti informa, esa es su labor y la cumple a cabalidad. El riesgo en el que se le ha puesto ya no sólo es asunto de un grupo criminal enojado emitiendo una amenaza aterradora, sino la reacción de un gobierno que parece que la avala con su postura.

Si recurrimos a las cifras, Reporteros sin Fronteras considera a México como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo y cuenta con "depredadores digitales de la libertad de prensa", es decir, empresas o agencias gubernamentales que usan tecnología digital para espiar y hostigar a periodistas. De acuerdo con el último estudio de Artículo 19 sobre agresiones a periodistas: cada 10.75 horas se registra un ataque contra la prensa en México. Los estados de la República con más agresiones son: Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Los agresores más comunes son en primer lugar los funcionarios públicos con 49.01%, le siguen las agresiones en manos de particulares con un 23.89%, las agresiones emitidas por el crimen organizado suman hasta ahora un 3.94%, pero son las más peligrosas al concretarse. De partidos políticos se registraron 1.72%, además de un 21.4% de agresiones en las que no se cuenta con elementos para determinar de dónde provienen.

Para quienes pensamos que el respeto por la libre expresión y la defensa de periodistas sería una cualidad de esta llamada cuarta transformación, no nos queda más que aceptar que la situación de agresiones a periodistas ha empeorado, Tan sólo en 2020 se registraron 692 ataques contra la prensa, 13.6% más que en 2019 (609), lo que revela que el ambiente de violencia contra el gremio se mantiene en ascenso.

El lenguaje estigmatizante es muy dañino para la libertad de expresión y el incentivo para cometer violencia (real) contra la prensa y los intelectuales es muy grande. Existe un peligro en que los ataques verbales se conviertan realmente en un riesgo de represión abierta a la opinión. La prensa está bajo asedio ante un discurso permanente de estigmatización y difamación del presidente que pone en peligro la democracia y siembra el odio. Cuando las amenazas provienen del crimen organizado ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno como garante de la vida y la integridad de sus ciudadanos?

La intimidación de periodistas ha ido sofisticando los métodos, por lo que en un Estado en el que las agresiones son mayoritariamente de funcionarios y ahora lanzadas pública y consecutivamente desde el altavoz presidencial ¿la materialización de las agresiones será en buena medida, responsabilidad del gobierno?