El próximo domingo, los ciudadanos volveremos a ocupar las plazas públicas en más de 100 ciudades con el firme objetivo de exigir respeto a la democracia de nuestro país y detener el llamado “Plan B” de la reforma electoral, a través del cual se busca revertir las más de dos décadas en las que se ha ido consolidando nuestro sistema electoral.

Un “Plan B” que se realizó con premura, en el que jamás se impulsó un proceso de parlamento abierto que escuchara y retomara las opiniones de expertos generando consenso entre las fuerzas políticas. Una reforma que no garantiza la autonomía e independencia del INE, que reduce la estructura del instituto y su presupuesto, que acelera los tiempos de los procesos electorales y que permite que gobernantes y servidores públicos puedan realizar actos de propaganda política, por citar algunas aberraciones.

Pero también sabemos que esto solo es la punta de lanza de un plan para socavar la democracia en nuestro país, la cual, por definición, implicaría un ejercicio político que permita la libertad de asociación y participación política, la creación de un sistema que garantice procesos electorales limpios, el acceso a información pública y la existencia de un régimen jurídico imparcial. Es decir, un gobierno que se considere democrático deber ser apto para responder a las necesidades de los ciudadanos, sin establecer diferencia en el trato.

Sin embargo, lo que hemos visto en estos últimos años es lo contrario, un gobierno que solo responde a las necesidades de los que ideológicamente piensan y se congregan al “proyecto de transformación” del presidente. Un gobierno que atropella la ley, un gobierno que es opaco en sus decisiones y un gobierno que les ha dado la espalda a las mujeres, a las víctimas de la violencia, a las familias de desaparecidos, a los migrantes, a los grupos indígenas, a los niños con cáncer y a millones de personas más.

Es por ello que nos encontramos en un momento crucial para defender nuestras libertades civiles y políticas, el llamado a la movilización del domingo puede ser la chispa que encienda los ánimos para revertir los agravios que ha provocado este gobierno a gran parte del pueblo de México.

Históricamente ha quedado comprobado que los cambios sociales surgieron de la acción colectiva. La movilización tiene el potencial de que el pueblo exprese libremente su opinión política, de criticar a sus representantes, o la conducta del gobierno y de presentar críticas al sistema prevaleciente y a la ideología predominante.

En esta ocasión, la movilización debe encaminarse a demostrar que existen amplios sectores de la población hartos de las formas en que se hace política y se toman decisiones en nuestro país. Ciudadanos que nos encontramos hartos de que vulneren nuestras libertades, de vivir en un país inseguro, hartos de la corrupción y la impunidad y de que jamás se nos considere en la toma de decisiones. Este mensaje también va para aquellos partidos de “oposición”, que han mantenido el silencio o avalado desde las tribunas el atropello a nuestra democracia. Pero en especial va dirigido en solidaridad y apoyo a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son quienes tendrán en sus manos el futuro de la Democracia.

Por supuesto que ocupar el espacio público no es el fin, sirve para visibilizar lo que nos está sucediendo, es el inicio de una cadena de acciones para defender nuestro sistema político y electoral. Para ello resulta indispensable continuar moviéndonos para informar sobre los riesgos que conlleva este gobierno autoritario y sumarnos a las acciones jurídicas que se estarán presentando ante el poder judicial, por el atropello a nuestros derechos humanos. Para defender la democracia, debemos dejar de ser omisos y unirnos de forma pacífica, solidaria y responsable. La unión nos hará más fuertes.

Presidenta de Causa en Común