Casi cuatro meses ocultó el senador morenista José Narro su responsabilidad en el drama de dos marinos sustraídos ilegalmente de su comisión en Acapulco, destinados a su seguridad personal y luego desaparecidos, sin que haya mayores esperanzas de hallarlos con vida. Hoy solo sabemos sus nombres: Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita.

Las últimas seis semanas las ha dedicado Narro a enredarse con versiones cada vez más estrafalarias. Pero no ha destinado un solo minuto para colaborar con la autoridad en favor de la vida y los derechos humanos de estas víctimas. Todavía el pasado jueves dio una nueva versión, con la que desmintió declaraciones previas suyas. Lo hizo en un mullido salón de un hotel de lujo capitalino. No en balde este hombre, que alguna vez fue médico, busca ser el nuevo presidente del Senado.

Gracias a una investigación del proyecto "Latinus", difundida el último día de junio, sabemos que, desde el ya lejano marzo, Narro Céspedes pidió por escrito a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, también de Morena, retirar de la misión que tenían asignada en aquel puerto dos marinos que custodiaban al secretario de Seguridad Municipal, Maximiliano Serrano, para ponerlos al servicio del senador por Zacatecas, que requería a esos militares "vestidos de civil" y con sus armas de cargo, según el oficio que firmó. Las declaraciones de Narro han cambiado sobre el motivo del requerimiento; la fecha del envío de la carta; cuánto tiempo se hizo acompañar de los marinos, o si los despidió el mismo día en que los citó en un exclusivo restaurante al sur de la Ciudad de México.

"No los conocí. Sólo los vi ese día…", dijo Narro, aunque se sabe que los marinos tuvieron en uso una camioneta Audi 2018 del senador —valor estimado de un millón de pesos…, al fin que "no los conocía".

Uno diría que el Senado debería llamar a cuentas al señor Narro para explicar su proceder. Resultaría pertinente que sus electores en Zacatecas, a los que ha intentado gobernar, le merecieran el respeto suficiente para darles explicaciones. ¿Sería acaso mucho pedir que la sociedad mexicana por entero fuera enterada de lo ocurrido?

Dos carpetas de investigación han sido abiertas, en el ámbito local y en el federal. Sobre su contenido, quienes menos saben son las familias de los marinos desaparecidos. Nadie les explica nada, mucho menos el senador Narro o la alcaldesa Abelina López —quien, en otro gesto típico del cinismo político, despidió como chivo expiatorio a su jefe de policía, que solo acató la orden de enviar a los marinos.

Apuntes: Con la obsequiosa ayuda del polémico magistrado electoral José Luis Vargas, cuya propuesta de sentencia sería avalada por el pleno del tribunal esta misma semana, el senador "en suspenso" por Baja California Jaime Bonilla se apresta a regresar a su escaño en la llamada cámara alta. Antes tuvo la pretensión de que ese cuerpo legislativo interpusiera una controversia constitucional para defender su causa, a lo que se opuso la presidenta, Olga Sánchez Cordero. El retorno de Bonilla agudizará los problemas de la nueva gobernadora —formalmente morenista—, Marina del Pilar Ávila, cuya gestión luce desgarrada entre su esposo, el panista Carlos Torres, y su jefe de gabinete, el priista Alfredo Álvarez. Ambos la han atraído pugnas con grupos clave, destacadamente el empresariado de Tijuana, al que dejó plantado hace un par de semanas durante una cena con la cual arrancó un foro internacional de inversionistas que incluyó la participación de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, entre otros personajes.

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