Las guerras destrozan la vida de millones de familias en el mundo. En algunos casos, intervienen distintos Estados como en la invasión rusa a Ucrania; en otros, los conflictos suceden dentro de un mismo país entre sus gobiernos y grupos armados, como es el caso de Siria o Somalia.

En México no estamos en una guerra, pero desde que inició la lucha contra los grupos criminales en 2008 llevamos 401,735 asesinatos, la gran mayoría sin castigo, en total impunidad. Esa cantidad es mucho mayor al número de personas que murieron por la guerra en Siria entre 2011 y 2021. Según un informe de la ONU, en Siria la estimación es de 306,887 muertes por el conflicto interno, que se traduce en una media de 83 civiles muertos al día durante ese decenio. En México la media por día es de 97 personas.

Nos hemos acostumbrado a las violencias, las vemos y vivimos como algo cotidiano. Tan solo el pasado fin de semana se cometieron 283 homicidios dolosos en el país, cifra que superó a las del resto del presente año. Sin embargo, la única nota que alcanzó una primera plana nacional fue la de 12 personas que mataron en un bar en Irapuato, Guanajuato. No solo los asesinatos, incluso atrocidades como esta ya no bastan para estremecer a la opinión pública.

Ante estos hechos y el incremento de masacres pasamos de la preocupación a la indignación y a la duda, ¿qué tanta responsabilidad tienen las Fuerzas Armadas de lo que sucede?

Los documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, dan cuenta que el Ejército tiene conocimiento previo de enfrentamientos y ejecuciones, pero nada hace para evitarlos, por el contrario, en algunos casos incluso están coludidos apoyando a los grupos criminales.

Como se detalla en los documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la noche y madrugada del 19 de junio de 2020, los habitantes de Caborca, Sonora, quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento entre grupos criminales. A las afueras de la ciudad, hallaron nueve cuerpos además de la quema de diversos predios. Lo que sucedió aquel día, fue advertido cinco días antes en un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entre mayo y noviembre de 2020, la Sedena recibió al menos 24 reportes más, algunos propios y otros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) compartidos con la Sedena y la Guardia Nacional, con detalles del conflicto que sostenían en ese momento cuatro células del Cártel de Sinaloa.

Además, en los documentos se señalaba que los hechos podrían llevarlos a cabo grupos criminales, así como sus estrategias para atacarse entre ellos. Y al menos hubo tres actos de violencia que sí ocurrieron en los meses siguientes.

Es muy probable que los reportes de Sedena se inicien con intervenciones telefónicas ilegales (no autorizadas por un juez), por lo tanto, es viable que no lo hagan para llevar a los criminales a la cárcel. Si el trabajo de los soldados no sirve para darle tranquilidad a la población, entonces ¿para qué lo hacen? La respuesta se asoma en otros documentos filtrados, donde el CNI le advierte a Sedena de la fuga de información sobre sus estrategias y se detallan acuerdos ilegales para el pago de cuotas a policías locales, guardias y mandos militares, a fin de que participen en contra de un grupo adversario.

Cada día es más evidente que los altos mandos de la Sedena no actúan por amor a México pues mientras los soldados sí reportan a sus mandos lo que sucede, la institución va en comparsa a lo que el Presidente quiere permitir hacer. Por tanto, si se matan a más o menos personas, depende de la voluntad de los criminales, no de la lucha del Estado mexicano para detenerlos. A cambio, tenemos poblados enteros tomados por los criminales que ya forman parte de las escenas de la nueva lucha entre criminales.