La semana pasada se presentó el Inventario Nacional de lo Militarizado, un trabajo realizado en el CIDE que presenta una lista de las funciones civiles que se han transferido a las fuerzas armadas en los últimos años. La fotografía del inventario es incompleta, pues hay información que no es pública. Sin embargo, fue posible localizar 246 facultades civiles que en los últimos 12 años se han transferido a las FFAA. Algunas en materia de Seguridad Pública, otras directamente de la administración pública. Estas segundas incluyen construcción de infraestructura, construcción de bachilleratos militares, administración de programas sociales, de puertos y aeropuertos, protección del medio ambiente, control de migración, vigilancia de carreteras, etc. Cada función implica un presupuesto, muchas veces adicional al registrado en el presupuesto federal para las FFAA y con ello, más poder y presencia militar.

El inventario se vuelve aun más preocupante a la luz de las recientes declaraciones del secretario de la Defensa Nacional quien expresó: “Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”. Hasta hace algunos años, las FFAA habían mantenido el cuidado de no opinar públicamente sobre proyectos partidistas. No es cualquier cosa que el secretario con más atribuciones haga un llamado a la ciudadanía para apoyar a un proyecto político particular.

Desde la resolución de la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte se ha mantenido en silencio sobre el papel creciente de las FFAA en la administración pública federal, su despliegue masivo en el país para hacer las veces de policías y las muchas facultades que se pretende lleven a cabo en materia de seguridad pública. Sin embargo, este miércoles 24 de noviembre está listado para decidirse la Controversia Constitucional presentada por Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados en contra del Acuerdo militar emitido en mayo de 2020 por el Presidente López Obrador. Este acuerdo, transfiere varias facultades de la Guardia Nacional –un órgano que la Constitución explícitamente califica de civil y policiaco– a soldados y marinos, directamente y sin marco normativo.

Pero a pesar de la importancia del caso y el alcance del Acuerdo, la Corte pretende resolverlo en una Sala, con solo 5 ministros. El argumento es que no se trata de una norma con efectos generales, lo cual ya implica prejuzgar sobre el argumento de la controversia: que el Ejecutivo usurpó facultades del Legislativo. Además, el proyecto hace una argumentación paupérrima y formalista, que evita entrar al fondo del asunto, para declarar constitucional el acuerdo. La importancia tendría que llevar a la Corte a un proceso público e informado de deliberación, en el que se abran audiencias públicas para permitir la participación de expertas, expertos, víctimas y miembros de las FFAA. Es una burla que se pretenda resolver de pasada y sin siquiera convocar al Pleno, de espaldas a la sociedad y a las víctimas de violencia de este país.