La lucha del magisterio en México es tan antigua como la propia historia del país: desde el inicio de nuestra vida independiente comenzó una tensa pugna por la secularización de la educación, con una gran resistencia del conservadurismo y la Iglesia católica, que se prolongó hasta la guerra de Reforma, y en 1833 el presidente Valentín Gómez  Farías promulgó una ley para prohibir la enseñanza religiosa en las primarias públicas de la capital, con lo que comenzó una tradición de laicidad en la educación pública, y ésta se convirtió en un factor transformador.

Durante la época revolucionaria también fue relevante la participación de docentes, como es el caso del zapatista Otilio Montaño y de Plutarco Elías Calles. Luego de concluir el gobierno de Venustiano Carranza, con muchas dificultades y como fruto de la lucha constitucionalista de 1917, se estableció la educación laica, gratuita y obligatoria, y la SEP pudo ser instituida hacia 1921, bajo la dirección de José Vasconcelos.

En la segunda mitad del siglo pasado, maestros rurales como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas protagonizaron el levantamiento de guerrillas en el sureste mexicano, ante las condiciones de pobreza que han aquejado al campesinado en la región hasta la fecha, y al autoritarismo y la ausencia de democracia en el país, por lo que fueron combatidos por el Ejército, y abatidos.

En la época neoliberal, el magisterio nacional fue un agente opositor, y defensor de los derechos laborales de la sociedad en su conjunto. Con la mal llamada reforma educativa se pretendía desarticular la organización sindical y asestar un golpe político, arrebatando derechos laborales a las maestras y los maestros de México, y condicionando a una evaluación su permanencia en el empleo.

En 2018, el magisterio fue parte fundamental de la transformación, gracias a su papel social pedagógico, impulsando las ideas de transformación y ampliando el debate público hacia la necesidad de una auténtica alternancia democrática que pusiera fin a las políticas públicas antipopulares aprobadas e implementadas desde las élites del poder institucional y económico. Una vez consumada la victoria electoral, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión aprobó que aquella contrarreforma se derogara.

Además, fueron aprobadas la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, que pusieron un alto a las tendencias privatizadoras de la política educativa y reafianzaron la gratuidad y la obligatoriedad de la instrucción, desde el nivel básico hasta el universitario; asimismo, quedó establecido que anualmente se destinará al menos el ocho por ciento del Producto Interno Bruto nacional al financiamiento de la educación.

En 2019, el Congreso aprobó la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la ley reglamentaria para la mejora continua de la educación, con lo que se generaron estímulos y becas para el desarrollo profesional docente, fomentando el aprendizaje del estudiantado y el acceso del magisterio a una carrera justa y equitativa.

Con la construcción de 140 nuevas universidades públicas en zonas históricamente marginadas, el proyecto de la Cuarta Transformación retoma los ideales de la lucha histórica del magisterio por una educación popular. Cumplir el compromiso de mejorar el sistema educativo y combatir la corrupción es una obligación continua que debe seguir generando un marco jurídico adecuado y políticas públicas enfocadas en revertir las asimetrías que permean en todos los sectores de la sociedad. Aunque el camino es largo, en menos de tres años hemos logrado cambios históricos que marcan la ruta hacia una educación incluyente y democrática.

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