A partir de este  viernes 27 faltarán 4 días para el fin de la administración de AMLO, cuando entregará la titularidad del Ejecutivo federal a la Dra. Claudia Sheinbaum.

Concluye con el clima político propio de su naturaleza: la turbulencia política, a diferencia de la tersura con que transcurrió la transición con Peña Nieto.

Un país en llamas, diría Juan Rulfo, con incendios (por una estrategia fallida contra el crimen organizado), en sus extremos norte en Sinaloa y Chiapas en el sur, sin descontar Guerrero, Morelos, Zacatecas y Guanajuato entre otros territorios.

Protestas callejeras de los trabajadores del poder judicial y estudiantes de derecho por una reforma judicial que bien pudo encargarse a la Dra. Sheinbaum, para una amplia concertación (como la de Reyes Heroles con la reforma electoral de 1977). Una reforma que atendiera la grande y compleja problemática de la justicia en México, que abarca desde la procuración, el MP, la defensoría de oficio, la judicatura y la prisión, incluyendo desde luego los mecanismos para evitar la corrupción. Esta nunca se resolverá con la elección popular de los juzgadores, al contrario, aumentará, entre otras causas porque al prohibirse el uso de recursos públicos y privados, ¿cómo se van a financiar las campañas de los candidatos judiciales?, ¿con recursos del crimen organizado o de ellos mismos?

Lázaro Cárdenas le dejó a su sucesor, Manuel Ávila Camacho, enviar la iniciativa de la ley del IMSS al Congreso, evitando tensar más la liga de una presidencia auténticamente transformadora y así permitir una sucesión tranquila. Pero AMLO insistió en su regalo empaquetado con todo y moño, aunque el contenido en forma y fondo fuese profundamente defectuoso e inoperante, y dejara al país con una reforma conseguida a golpes de extorsión y traición.

La mezcla de sobrerrepresentación en las Cámaras (54% de votos y 74% de curules) y la aprobación de una reforma que revierte el control de los poderes con el contrapeso del judicial, a la subordinación del judicial por el ejecutivo y el legislativo, fue la fórmula perversa que aniquila la división de poderes del artículo 49 constitucional y los concentra en el Ejecutivo. Cabe preguntarse si ¿los consejeros del INE y magistrados del Tribunal que acordaron la primera y los legisladores que aprobaron la segunda estaban conscientes de lo que hacían: elevar a rango constitucional el centralismo político? Como bien lo escribió Salvador García Soto en su reciente columna "AMLO se va: amado por unos y odiado por otros": en nuestra historia constitucional sólo Antonio López de Santa Anna lo había realizado primero con sus Siete Leyes (1835-6) y luego con las Bases Orgánicas (1843-6). Ni Porfirio Díaz se atrevió a tanto. Se trata de una regresión histórica de dos siglos. En todas las demás cartas constitucionales de México: 1824, 1857 y 1917 prevaleció la división y distribución del poder. Con Santa Anna y AMLO se concentra y eleva a rango constitucional. Este es su legado de jure: un autoritarismo constitucional.

El de facto es un modelo de sucesión encorsetada, por el que fue construyendo la cimbra de un régimen político de partido hegemónico, para decidir quién, como y con quién de su sucesión, mediante un relevo controlado, superando incluso al modelo priista de su inspiración. Una regresión al siglo pasado. La mitad del gabinete de la Dra. Sheinbaum, la ocupan colaboradores de AMLO. Colocó a sus principales operadores políticos en Senadores (Augusto), y en Diputados (Monreal). En el brazo político de la 4T, Morena, instaló a su secretaria de SEGOB como presidenta, y a su hijo Andrés en un puesto clave como secretario de organización, por cierto, ¡¡al mismo tiempo que criticaba el nepotismo!! ¿Qué hubiera dicho si JLP hubiese dejado al "orgullo de su nepotismo, José Ramón, o Salinas a su hijo Emiliano, como director de operación electoral del PRI? .

Lejos de Juárez y Madero y cerca de Santa Anna y Díaz; lejos de Cárdenas y cerca de Calles, así concluye el régimen de AMLO el próximo 30 de septiembre.