El INE como autoridad electoral de carácter nacional nació con la reforma de 2014, sustituyendo al otrora IFE. Con ello asumió todas las atribuciones que tenía su antecesor además de 75 nuevas funciones, muchas de ellas relacionadas con las elecciones locales de las que ahora es corresponsable. Hoy, ante la inminencia de una reforma (el “Plan B”) que recorta radical y brutalmente la estructura y capacidades operativas del Instituto, poniendo en riesgo su incuestionable y reconocida eficiencia, vale la pena hacer un recuento de los logros que en nueve años de operación se han conseguido, a partir de datos ciertos y verificables. 

 En primer lugar, desde 2014 el INE ha organizado 331 procesos electorales (incluyendo comicios federales y locales —estos en colaboración con los órganos electorales estatales—, elecciones ordinarias y extraordinarias, procesos de participación ciudadana, la elección de la Asamblea Constituyente de la CDMX y dos procesos de designación de dirigencias partidistas —el del PRD en 2014 y el de Morena en 2020–). Todos ellos han sido exitosos y ninguno ha provocado un conflicto postelectoral. Sin duda ha existido una importante litigiosidad, pero ésta siempre ha sido procesada a través de los cauces institucionales por los tribunales electorales, ninguna de cuyas sentencias ha sido desacatada. Con ello, estos nueve años constituyen el periodo de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de toda la historia del país gracias a un sistema electoral que funciona para lo que éstos deben servir en una democracia: permitir la renovación de los poderes públicos de manera pacífica a través de comicios auténticos en los que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. 

En segundo lugar, esos procesos electorales han producido el mayor nivel de alternancia de nuestra historia, alcanzando un índice global de más de 62% a nivel nacional (incluyendo elecciones federales, locales y municipales), que, en el caso específico de las gubernaturas, sube a 70%. Así, en este periodo la probabilidad que tiene un partido político que ha ganado una elección de volver a triunfar en los siguientes comicios es de una de cada tres, lo que demuestra que el voto cuenta y que nadie tiene triunfos asegurados. Eso evidencia también que el sufragio no únicamente sirve para elegir a nuestros gobernantes y representantes (su función esencial), sino también para premiar o castigar las buenas o las malas gestiones públicas, según sea el caso, como ocurre en todo sistema democrático. Además, todos los partidos, sin excepción, se han beneficiado y también han padecido, en mayor o en menor medida, este fenómeno, lo que evidencia la autenticidad de las elecciones. 

 En tercer lugar, el INE brinda uno de los servicios públicos más eficientes y confiables del Estado mexicano: la expedición de la credencial para votar con fotografía que no sólo es una auténtica llave para el ejercicio de los derechos políticos, sino el principal y más acreditado mecanismo de identidad en el país. Desde 2014 se han entregado más de 129.3 millones de credenciales de manera gratuita, lo que ha permitido construir un padrón electoral que es uno de los más grandes, confiables, depurados y actualizados del mundo. Dicho padrón constituye la base de datos personales —incluidos biométricos— más grande y segura de México que, además de garantizar la autenticidad del sufragio, le ha permitido al INE, a través de convenios con diversos entes públicos y privados, brindar servicios de gran beneficio social (sin entregar los datos que las y los ciudadanos le han confiado) como el de autenticación de la identidad de personas a bancos, notarios, registros públicos de la propiedad, entre otros, o bien el haber permitido identificar a miles de cadáveres desconocidos o a personas desaparecidas en colaboración con las comisiones de búsqueda y diversas fiscalías. 

Finalmente, el monitoreo a todas las transmisiones de radio y televisión que el INE realiza, permite evidenciar que el cumplimiento de las reglas del modelo de comunicación política por parte de los concesionarios supera el 99.6%, evidenciando la pertinencia y funcionalidad del mismo, por no hablar que, gracias a convenios firmados con este gobierno, dicho servicio de monitoreo le ha permitido ahorros por 500 millones de pesos bianuales a la Secretaría de Gobernación. 

 Como puede verse el INE, más allá de sus ámbitos de mejora, funciona y funciona bien. Por eso resulta incomprensible una reforma que “destaza” una estructura eficiente y eficaz… a menos que su propósito sea crear un problema en donde no lo hay.