En 2010, Sergio Villarreal, El Grande, uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva fue aprehendido por la Marina en un fraccionamiento de lujo en Puebla.

El Grande estaba esperando al grupo de élite que venía por él en el comedor de su casa. Se entregó sin oponer resistencia, sin disparar un tiro. Su mujer y sus hijos se hallaban encerrados en una habitación de la casa. El Grande dijo después que pudo haber resistido (lo acompañaban dos jefes de sicarios), pero que no quiso exponerlos.

El narcotraficante, que confesó haber desatado una “limpia” en Morelos por órdenes de Arturo Beltrán Leyva, “limpia” que implicó la muerte y la tortura de al menos 90 personas, a muchas de las cuales él mató con sus propias manos –entre estas, a Mario Pineda Villa, El Borrado, hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca, implicado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, tenía dos ideas desde el momento mismo de su detención. 

Obtener “posibles beneficios” mediante el recurso de convertirse en testigo protegido del gobierno mexicano y colaborador del de los Estados Unidos, a quien ofreció entregar información sensible sobre la operación del Cártel de Sinaloa, así como sobre el entramado de protección que esta organización había recibido por parte de altos funcionarios federales.

El Grande fue detenido en el sexenio de Calderón. Ante la SIEDO recibió un nombre clave como testigo protegido, “Mateo”, y rindió una larga declaración que en aquellos días fue motivo de repetidos escándalos.

Villarreal acusó, por ejemplo, al reportero de Proceso, Ricardo Ravelo, de haber recibido 50 mil dólares para que dejara de publicar información relacionada con el capo.

La información publicada por Ravelo, que luego pasó a formar parte de libros que vendieron decenas de miles de ejemplares, solía provocar irritación en el gobierno que cuatro años atrás había decretado la guerra contra las drogas.

Los dichos de El Grande fueron filtrados a Televisa. Se hizo un escándalo nacional, a través del cual se dio a entender que Proceso recibía dinero del crimen organizado para golpear al gobierno calderonista. El Grande implicó también en sus declaraciones a senadores, diputados, gobernadores y altos mandos del Ejército. Tres generales fueron aprehendidos con el consiguiente escándalo. A los tres los exoneraron tiempo después.

En mayo de 2012, todavía bajo el sexenio de Calderón, Villarreal fue extraditado a los Estados Unidos. Exjudicial federal destacado en Torreón, mediante la compra de autoridades primero de Coahuila y luego de Durango y Chihuahua, El Grande formó un ejército violentísimo dedicado al narcotráfico y asentó su bastión en la región lagunera, en donde gozó de protección absoluta y tuvo a su servicio a policías de Lerdo, Torreón y Gómez Palacio.

Pronto entró en tratos con Arturo Hernández, El Chacky (jefe de asesinos del Cártel de Juárez y posteriormente de los Beltrán). 

Cuando El Chacky fue aprehendido, Villarreal se quedó con su territorio y le robó sus propiedades.

Una versión dice que las dos cabezas que en 2006 aparecieron en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de México –un anuncio del horror que se avecinaba– fueron cortadas precisamente por El Grande, quien el cobró de ese modo la pérdida de media tonelada de cocaína a dos empleados de una empresa de almacenamiento de carga aérea. 

Al momento de ser detenido se había convertido en enemigo del principal lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva: Edgar Valdez Villarreal, La Barbie. El Grande había recibido la orden de asesinarlo, pues no solo se le acusaba de haber traicionado a Beltrán, sino incluso de estar formando su propia organización. 

Según El Grande, uno de los hermanos de Beltrán, Héctor Beltrán, conocido como El H, contrató a policías federales de élite y les pagó 500 mil dólares para que se deshicieran de La Barbie. El grupo habría estado a cargo, de acuerdo con El Grande, de un comandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate (hoy detenido y extraditado a Estados Unidos), quien se hallaba bajo las órdenes directas del secretario de seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna. 

El asesinato, sin embargo, no se concretó. La Barbie también fue detenido y extraditado durante el sexenio de Calderón. Se le condenó a 49 años. 

A pesar del desprestigio que había ganado en México como testigo, El Grande llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense y fue liberado en 2019. Ayer reapareció como primer testigo en el juicio que se le sigue en Nueva York al exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, a quien acusó, entre otras cosas, de recibir durante años sobornos del Cártel de Sinaloa y de operar desde su alto cargo en beneficio de esa organización criminal. 

Según El Grande, los enviados del cártel se encontraban cada mes con García Luna en el estacionamiento de Perisur, y le entregaban maletas repletas de dólares. 

Otros testigos del juicio serán, paradójicamente La Barbie, quien poco hace poco dejó de aparecer en los registros del sistema penitenciario estadounidense, y el expolicía Iván Reyes Arzate: los antiguos socios, que un día se hicieron enemigos, convergen hoy en un juicio en el que por primera vez es sentado en el banquillo un exfuncionario mexicano de alto rango. 

Las historias que cuenten tendrán que convencer a un jurado compuesto por 12 miembros. Ese jurado terminó el día con las ruidosas declaraciones de El Grande, pero con poco más. En un tuit escrito durante el juicio, el periodista Ioan Grillo externó su preocupación ante los dichos de la defensa: “No hay dinero. No hay fotos. No hay videos. No hay mensajes de texto. No hay correos electrónicos. No hay registros…”. 

Pronto sabremos qué impresión causaron las palabras iniciales de El Grande entre el jurado.