A principios de este 2023, el 4 de enero para ser precisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en un momento de su acostumbrado sermón de la mañanera algo que, si bien quedaba muy claro desde hacía rato para todos, nadie hubiera pensado que se atrevería a decirlo de manera pública.

Lo dijo sin tapujos: "Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabes que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad; entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política". Así lo dijo, tal cual. Sobra añadir que su comentario fue, con justa razón, mal recibido entre todos los mexicanos que se enteraron de ese exabrupto presidencial.

¿Cuál es el costo, cabría preguntarse ahora, de tal estrategia política de López Obrador? Esta es una pregunta que no es tan fácil de responder dado que hay un buen número de programas sociales que pueden o no clasificarse como clientelares, y además pueden serlo parcial o totalmente.

El caso más emblemático es el programa social oficialmente conocido como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este programa consiste en la entrega de un apoyo económico bimestral a todos los adultos mayores de 65 años o más. A esa pensión se le denomina como "no contributiva", para contrastarla con la pensión que reciben, por ejemplo, los jubilados bajo algún régimen del IMSS, dado que contribuyeron a ella a lo largo de su vida laboral.

Es interesante apuntar que ese programa de pensiones no contributivas nació en la Ciudad de México (entonces el Distrito Federal) en el año 2001, cuando López Obrador era su jefe de Gobierno. El programa no era universal, sino que estaba focalizado en los adultos mayores de 70 años que carecían de una pensión. Lo cual era loable y plenamente justificado. Pero un año después, por obvias razones clientelares, el programa se extendió a todos los adultos mayores de la capital.

En la administración de Enrique Peña Nieto ese programa se implementó a nivel nacional, pero, de nueva cuenta, focalizado en quienes no tenían otra pensión u otro ingreso. Cuando López Obrador asume la Presidencia, de inmediato lo hace universal y comienza a incrementar el monto de la transferencia de manera acelerada.

De una pensión no contributiva bimestral que era del orden de $1,160 bimestrales en 2018, se pasó, ya de manera universal, a $2,550 en 2019. En el año 2022 la transferencia fue de $3,850 y hoy el monto bimestral es de $4,800. Para financiar ese programa el gobierno federal planea gastar este año 335 mil millones de pesos. Esta cantidad es ya mayor que un punto porcentual del PIB y es similar a los recursos que se dedicarán, quitando la nómina, para la educación básica, media y superior.

Pero la pesadilla apenas comienza. Pensando en las elecciones presidenciales, López Obrador ya anunció que la transferencia bimestral se elevará a $6,000 el año que entra. Ese 20% de aumento y la incorporación de más adultos mayores hará que el gasto sea del orden de 435,000 mil millones de pesos en 2024. Cien mil millones de pesos más que hoy.