En una publicación reciente, el filósofo esloveno Slavoj Žižek sugirió que la nueva normalidad tendrá que ser construida sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. Y es que la pandemia ha derribado la ilusión que existía en el mundo respecto a cómo el mercado puede generar bienestar. Sin embargo, los niveles de crisis que se enfrentarán en la nueva normalidad serán altos, por lo que encontrar esquemas de recuperación requerirá de una amplia cooperación que permita que los países encuentren puntos comunes para enfrentar la crisis.

Por este motivo, se han realizado una gran cantidad de foros de discusión y espacios de análisis. Uno de los puntos comunes derivados de estas disquisiciones es que la situación por el virus SARS-CoV-2 es una oportunidad para construir un Estado de bienestar que permita blindar a la humanidad de los efectos de una crisis de esta magnitud.

Pero esta visión parece contradecirse con la implementación de la aplicación de recetas diseñadas a partir de los preceptos económicos que causaron el desmantelamiento del Estado de bienestar.   

Este tipo de medidas dificultarán aún más que en el mundo, y especialmente en América Latina. Uno de los puntos de mayor concordancia sobre el camino de la recuperación es la necesidad de transitar hacia la universalidad y la gratuidad de algunos servicios públicos. Ésta es la visión que el gobierno de la 4T empezó a implementar desde inicios de la administración.

En 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempló 170 mil millones de pesos para la implementación de los catorce programas sociales prioritarios. En 2020, antes de conocer los efectos de la pandemia, esta cantidad aumentó a 285 mil 239 millones. Cada uno de los programas busca sentar las bases para robustecer el Estado de bienestar a través de tres pilares fundamentales: universalidad, entrega directa de los apoyos, y la gratuidad.

El programa de pensiones para personas adultas mayores es uno de los ejemplos del afán de esta administración por crear un sistema de protección social universal.

La creación del Instituto de Salud para el Bienestar tiene la finalidad de erradicar la corrupción que deterioró las condiciones de este sector, y también la de poder brindar atención médica gratuita y de calidad a toda la población. Si algo ha mostrado la pandemia es la necesidad de seguir adelante en la construcción de un sistema de salud equitativo, justo, eficiente y de calidad, en el que se recompensará al personal médico que actualmente se encuentra en la primera línea de lucha.

En México la pandemia ha acelerado la construcción de un Estado que genere condiciones de igualdad y no su desmantelamiento. Por eso, las medidas económicas para atender la contingencia, generadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron diseñadas para ayudar directamente a la población más vulnerable y no a seguir las recetas del pasado, que han causado el deterioro de los servicios públicos.  

Hoy más que nunca queda claro que los gobiernos deben construir, sobre las ruinas del viejo orden neoliberal, un nuevo pacto social encaminado a fortalecer el Estado de bienestar. En México la pandemia se ha manejado de manera responsable y congruente: no solamente no se ha recurrido ningún endeudamiento, sino que se ha enfatizado la creación del Estado de bienestar que se necesita para finalmente reducir la pobreza y disminuir la desigualdad.

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