De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, durante los últimos 50 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años, bajó de 25.8 % en 1970 a 4.7% en 2020, lo que equivale a 4, 456, 431 personas que no saben leer ni escribir.  La mala noticia es que año tras año, mientras el analfabetismo disminuye la brecha de género educativa se mantiene, así que mientras 4 de cada 100 hombres no saben leer en la medición de las mujeres se presentan casos en 6 de cada 100 mujeres.

Las mediciones de analfabetismo de 1970, 1990, 2000, 2010 y 2020 siempre han presentado esta brecha educativa, así que estamos ante un doble reto de combatir el analfabetismo y por otra parte el rezago de las mujeres en temas de educación básica.

Uno  de los objetivos del  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), es proporcionar servicios de educación básica para personas jóvenes y personas adultas, así como mantener los índices de analfabetismo por debajo de los niveles aceptados internacionalmente y  contribuir al abatimiento del rezago educativo, para la mejora de las competencias de la población en México y aplicar procesos socioeducativos con personas jóvenes y adultas en condición de desigualdad social como son las Mujeres, las Mujeres Indígenas, Mujeres Afrodescendientes, Mujeres Migrantes, Mujeres en situación de encierro (en conflicto con la ley), Mujeres Trabajadoras del Hogar  y más.

Las mujeres en condición de rezago educativo sufren diversas violencias, por ejemplo, la violencia estructural que les margina excluye y discrimina, la violencia Institucional que las discrimina por su condición de género, etnia y color de piel, en general, las mujeres en rezago educativo ven truncado su acceso a una vida libre de violencia. Además, esa marginalidad las lleva a aceptar trabajos mal remunerados, peligrosos y sin seguridad social en muchos casos.

El Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos ha firmado pactos internacionales que lo obligan a cumplir con acciones afirmativas que erradiquen la discriminación y la desigualdad hacia las mujeres, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Mujeres (CEDAW), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también ha creado leyes como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007)

En el marco legal y políticas educativas nacionales de la Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se encuentran la Ley General de Educación 2019: Capítulo IX, la Nueva Escuela Mexicana: principios orientadores y las propias de cada Instituto Educativo. 

La EPJA busca cubrir siete áreas: la Educación básica y alfabetismo, Educación Ciudadana, Promoción Social, Capacitación en y para el Trabajo, Educación y familias, Promoción Cultural y la formación de educadores, cada área trabaja con el objetivo de generar procesos socioeducativos en jóvenes, adultos y mujeres en condición de desventaja social y así disminuir brechas sociales, políticas y económicas en jóvenes, adultos y mujeres. 

La educación es prioritaria para dar acceso a una ciudadanía más activa, a una relación más noble con la naturaleza, así como abrir posibilidades de desarrollo.

En las mujeres su acceso y continuidad educativa es vital, ya que les permite conocer sus derechos humanos con conocimiento actualizado, científico y laico, acceso a la justicia, desarrolla activismos, mantener actos políticos en su vida diaria, entablar diálogos sobre sus derechos, tener participación política, independencia, deconstrucción y decolonización. Por ese motivo aplaudo el gran esfuerzo y resultados del gobierno federal para que todas las personas adquieran conocimientos básicos y espero que en pocos años se disminuya también la brecha educativa de las mujeres por el bien de la sociedad.