La educación es la base de toda sociedad, es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas, pues es mediante esta, que se enriquecen los conocimientos, la cultura, la historia, el espíritu, los valores, y todo aquello que nos forma como ciudadanos y que nos caracteriza como seres humanos. Es mediante la educación, que se proporciona a los niños y jóvenes las herramientas y habilidades necesarias para comprender el mundo que les rodea, tomar decisiones informadas y contribuir de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural.

Una población educada tiende a tener mejor acceso a empleos de calidad, a tomar decisiones más conscientes sobre las consecuencias de cada una de estas, a participar de manera más efectiva en la vida cívica, lo que en última instancia conduce a un mayor nivel de desarrollo y bienestar y por ende, a una mejor calidad de vida.

De acuerdo a la UNESCO la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible, sin embargo, cuando se intenta politizar o ideologizar la educación se puede lograr un efecto contrario a estos objetivos y vulnerar este derecho humano.

En días recientes hemos conocido de la intención del Gobierno Federal por politizar e ideologizar la educación por medio de los libros de texto, donde el contenido de estos y la forma de evaluar se base en una ideología afín al gobierno de la "Cuarta Transformación" y no solo esto, sino que los encargados de coordinar el contenido de estos libros, muchos de ellos no sólo no son expertos, sino que ni siquiera tienen licenciatura. Sumado a esto, el debate sobre estos libros no solo es ideológico, sino que también presentan datos científicos erróneos y un contenido muy pobre en materia de matemáticas y otras materias consideradas importantes para el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Todos los países de primer mundo enfocan sus planes de estudio de todos los niveles educativos en las matemáticas, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, etc, en nuestro país, el Presidente una vez más nos quiere llevar a un retroceso, como ya lo hace con una buena parte de sus políticas públicas. La educación no puede, ni debe, tener tendencias marxistas, leninistas, pues eso solo nos va a guiar a un profundo fracaso, como les ha pasado a los países que lo han hecho.

Cuando se intenta adoctrinar por medio de la educación, pueden surgir varios problemas. La educación debería ser imparcial y objetiva, proporcionando a los estudiantes una comprensión equilibrada de diferentes perspectivas y enfoques. Sin embargo, cuando se introduce una agenda ideológica o política en el currículo, puede distorsionar la objetividad, limitar la diversidad de pensamiento y restringir la libertad de expresión.

Esto puede conducir a una educación sesgada que promueva una única perspectiva y desaliente el pensamiento crítico. Además, la politización de la educación puede crear divisiones en la sociedad, ya que diferentes grupos pueden sentirse marginados o excluidos si no se reflejan sus puntos de vista.

Yucatán, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, son los estados que ya suspendieron la distribución de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las escuelas y en el caso de Coahuila utilizarán cuadernillos complementarios de español y matemáticas para subsanar los errores que presentan los libros. Sin embargo, el gobierno del estado de Nuevo León no se ha posicionado al respecto, y como legisladores, no podemos permitir que ante la indiferencia del gobierno local en turno se transgredan los derechos de las niñas, niños y jóvenes de nuestra entidad.

 Por ello, propusimos una iniciativa de reforma para adicionar dos párrafos al Artículo 33 de la Constitución local para establecer que la educación tendrá un enfoque apartidista y que queda prohibida cualquier práctica qué tenga como fin el adoctrinamiento político-partidista del alumnado en cualquier nivel. Además, se incorpora que el estado podrá objetar cualquier tipo de planes, programas o materiales de estudio qué busquen implementarse sin haber agotado el procedimiento qué marca el Artículo 23 de la Ley General de Educación.