Este gobierno se ha caracterizado por seguir una marcada tendencia hacia la opacidad informativa en todos los temas. Es cada vez más inaccesible la información respecto de presupuesto, seguridad y programas sociales, entre muchos otros asuntos que a todos nos conciernen. Sin embargo, cuando se trata de nuestra información personal y privada, no tienen ningún reparo en exigirla, abusando de la necesidad que todos tenemos de contar con una línea telefónica.

El registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que aprobó el Congreso y que ya se publicó en el Diario Oficial, no protege a nadie, y en cambio es una fuente de información invaluable para el gobierno y un verdadero peligro para los usuarios. No hay garantía de ningún tipo, legal o técnica, que nos asegure que un gobierno ávido de poder y de control no quiere esta información para sus fines políticos y electorales. Tampoco la hay de que sea capaz de proteger esta información.

Es ridículo que los legisladores y el gobierno nos quieran hacer creer que sólo se usarán los datos que sean "necesarios, adecuados y no excesivos" para colaborar con las autoridades en temas de seguridad, cuando su desempeño en este ámbito ha sido lamentable, entre otras muchas razones, porque no entienden ni valoran las funciones de inteligencia policial. Hasta ahora, lo único que se ha visto es el uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si esos son los niveles que se manejan en cuanto a información para la seguridad, no queda duda de cuál puede ser el uso que le den a información que hoy sólo requieren, de manera obligatoria, gobiernos totalitarios.

La nueva Ley sobre datos biométricos no puede entenderse como una acción positiva o como parte de un plan de seguridad que no existe. Es risible que, además, se asuma (y que encima se pretenda que los demás también asumamos), que estructuras criminales sofisticadas van a ir a dejar a las oficinas de una empresa telefónica toda la información imaginable sobre sus integrantes. Ellos sí deben estar muertos de la risa con esta gran iniciativa “de seguridad”.

En contraposición, o más bien, en complemento a esta confiscación desmedida y abusiva de nuestra información personal, la información gubernamental, que debe ser pública, es cada vez de más difícil acceso. Opacidad y mentiras son la "política de comunicación social" del actual gobierno. Por ello, los ataques contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal, al cual, igual que en el caso de otras instituciones autónomas, se quiere subordinar o desaparecer. Si hay algo que pudiera considerarse positivo después de más de dos años de padecer a este gobierno, es que ya se quemaron todos sus cartuchos para la simulación de que se trataba de una opción de izquierda, democrática y progresista. Desde hace ya buen rato, nadie puede llamarse a engaño de que se trata de un gobierno militarista, obsesionado con la concentración del poder, que sólo trabaja para destruir instituciones y contrapesos, e incluso nuestra división de poderes, y que de manera flagrante pretende conculcar nuestros derechos y libertades.

Ante este panorama, no podemos ni debemos quedarnos en la crítica. Debemos también pasar a la acción por las dos vías que nos quedan, la del voto que podremos ejercer el próximo 6 de junio y la legal, en este caso sobre nuestra información biométrica (y al igual que con muchos otros atropellos), vía el amparo. El proceso electoral y utilizar los recursos que nos brinda la ley es lo único que tenemos en estos momentos. Aprovechémoslo, porque como van quizá dentro de poco ya no podamos.