No resulta extraño que la aprobación del presupuesto estatal haya estado marcada por los colores partidistas de unos y otros grupos legislativos, así como por la parte gubernamental que busca dinero para realizar un segundo trienio que les permita continuar en el poder o por lo menos mantener alguna esperanza de aumentar su apuesta en 2030.

Siempre un presupuesto acabará pintado de algún color, de eso no hay duda. Sin embargo, consideramos que algo se debe hacer para que proyectos de gran calado, como los de movilidad y abasto de agua por poner dos ejemplos relevantes para el día de hoy, o el combate a la contaminación que vivimos cotidianamente en un caso de largo aliento, no se vean afectados por los momentos político-electorales que cada vez son más amplios.

Como lo comentamos recientemente, declaraciones como las del dirigente estatal del PRI acerca de la posible candidatura de Adrián de la Garza para 2027 en poco o nada abonan a la mejora de los servicios que el alcalde debe prestar a los ciudadanos, menos en momentos en que se está negociando el presupuesto y la forma en que este fue aprobado nos reafirma que estuvo y está sujeto a intereses partidistas más que ciudadanos.

Hace algún tiempo alguien propuso la creación de una figura como la de "City Manager" que existe en distintos lugares de EU, este organismo, que en teoría estaría más allá de los vaivenes políticos, se encargaría de gestionar los proyectos de largo aliento, extraterritorialidad y de temporalidad transexenal, con la finalidad de que no se vieran interrumpidos durante los cambios de gobierno, tanto en el ámbito municipal como en el estatal.

De esta forma se plantearía la construcción de las líneas del Metro y la reestructuración del transporte urbano que tanta falta hacen o la ejecución del proyecto Monterrey VI sin que estos se vieran afectadas por la temporalidad o la alternancia partidista en el ámbito gubernamental.

Eso sería pensar en los ciudadanos, crear mecanismos que tuvieran su propia dinámica, su propia lógica y sus propios objetivos, precisamente para servir al ciudadano, sobre todo pensando en un estado como el nuestro en el cual casi el 90 por ciento de la población se encuentra asentada en el Área Metropolitana de Monterrey, compuesta por 13 municipios que tienen sus propios presupuestos y reglamentos que, al final, acaban por complicar las acciones requeridas en este conglomerado humano.

Es cierto, un mecanismo de este tipo no es perfecto o una solución indiscutible para todos, pero generaría por lo menos obras y servicios que por ahora parecen fuera del alcance de los municipios que componen el AMM.

Dada la actual lógica del poder, patrimonialista y rentista, se ve difícil que los partidos antepongan los derechos y las necesidades de los ciudadanos a las propias. 

Y después se preguntan por qué los ciudadanos están abandonandolos y votando por los outsiders que tampoco resultan garantía de nada, pero por lo menos se constituyen en una vía para ejercer "el derecho al pataleo".