Los comicios concurrentes del pasado 6 de junio, que fueron los más grandes de nuestra historia por la cantidad de puestos de elección popular que se disputaron, tuvieron resultados favorables para Morena y para el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en vez de resentir el voto de castigo por los estragos de la pandemia, como se tenía proyectado que ocurriera en México, al igual que en todo el mundo, la 4T avanzó a nivel local, logrando impulsar el triunfo de once candidatas y candidatos a las gubernaturas de los estados y sumando representatividad en 18 entidades, además de conseguir mayoría en 19 de los 32 congresos locales.

La violencia del crimen organizado y otros grupos de intereses creados que causaron lamentables pérdidas humanas durante la pasada contienda electoral no pudo opacar el clima de tranquilidad y paz social con que los comicios se desarrollaron en la mayor parte del territorio, lo que sin duda es un indicador de que el descontento social y las enormes necesidades de la población, en un contexto como el actual, han hallado un cauce institucional capaz de responder de manera oportuna.

Además, la gestión de las secretarías de Estado y del propio presidente en la comunidad internacional para lograr que México contara con dosis suficientes para implementar su plan nacional de vacunación de manera oportuna fue uno de los elementos evaluados por el electorado, al momento de refrendar su apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Para América Latina, el periodo pandémico ha sido especialmente difícil, tanto por el número de contagios y muertes como por los estragos económicos y financieros, ya que la contracción económica fue la peor en un siglo, y la mayor cantidad de empréstitos financiados por el Fondo Monetario Internacional se concentró en nuestra región, lo que inevitablemente pone sobre la mesa la necesidad de reformar los sistemas hacendarios nacionales. En el caso de Colombia, una iniciativa de reforma fiscal que proponía mayores cargas tributarias a la clase media generó una ola de protestas que fueron violentamente reprimidas y que incluyeron violaciones al Estado de derecho y a los derechos humanos.

Disturbios como los ocurridos en el contexto electoral en Perú, y más recientemente en Nicaragua, recuerdan la fragilidad de la democracia y la importancia de garantizar el apego al Estado de derecho, pero, sobre todo, a permitir que la ciudadanía decida con libertad a sus representantes y el rumbo de sus países, evitando tanto el revanchismo político como el vicio de aferrarse a estructuras de poder sin legitimidad ni autoridad moral que respalde a las y los representantes populares.

Tomando en cuenta que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega es líder también del partido que ha abanderado su triunfo durante tres periodos presidenciales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (que enfrentó a la dictadura de los Somoza en el siglo pasado y tiene tradición guerrillera), es apremiante lograr un periodo de transición y pacificación que marque distancia con el pasado y cristalice los logros de la lucha democrática.

México, con un gobierno de izquierda que ha pasado la prueba electoral durante la peor crisis social y económica de la que se tenga memoria, y firme en su tradición internacionalista de no intervención, es un claro ejemplo de que los conflictos nunca son irreconciliables, y que el camino hacia la democracia latinoamericana será ríspido, pero no imposible de recorrer.

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