La campaña del oficialismo contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha escalado hasta convertirse en una abierta confrontación. Entre los plantones que hostigan a las y los ministros con consignas violentas, la acusación presidencial de un "golpe de Estado técnico", y los conversatorios convocados por la mayoría en la Cámara de Diputados para tratar de legitimar la ocurrencia de elegir a los ministros en las urnas, vale señalar que la irrupción de una movilización ciudadana sin precedente es un faro de esperanza en medio de la agresión.

El domingo pasado, miles de personas marcharon en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, para reivindicar a la Corte, enviando un contundente mensaje al titular del Ejecutivo y a sus grupos parlamentarios: la ciudadanía organizada no se va a quedar de brazos cruzados frente a la autoritaria pretensión de suprimir la independencia del Poder Judicial y eliminar el sistema de frenos y contrapesos.

En este contexto, vale la pena recordar, con algunos ejemplos, que la Corte ha desempeñado un rol fundamental como contrapeso institucional y garante del orden constitucional y el equilibrio entre poderes y órdenes de gobierno, independientemente de quién ocupe la silla presidencial o de qué partido tenga la mayoría en el Congreso. Confundir ese contrapeso con un adversario es propio de autócratas.

Durante el gobierno que inauguró la alternancia en el Ejecutivo Federal, la actuación de la Corte fue indispensable para resolver las diferencias entre la Cámara de Diputados y el gobierno de Vicente Fox con motivo de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que amenazaba con una parálisis del gobierno por falta de ese instrumento.

En la administración de Felipe Calderón, el máximo tribunal se pronunció en contra de la cédula de identidad para personas menores de edad que en 2011 pretendió poner en marcha la Secretaría de Gobernación, gracias a una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, a propuesta de quienes integrábamos la oposición en la LXI Legislatura.

Y el año pasado la Corte invalidó la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de audiencias, por violaciones al proceso legislativo. Acciones de contrapeso con relación a tres gestiones en el Ejecutivo.

En materia de protección, defensa y efectividad de los derechos de las personas, la Suprema Corte también se ha destacado por sus trascendentales sentencias en años recientes. Los ejemplos son notables. Ente los más recientes destaca la resolución que consideró inconstitucional la criminalización del aborto de manera absoluta, en 2021. Y la declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del uso adulto del cannabis, que abrió la puerta de una legislación pendiente.

En diciembre de 2022, el Tribunal Constitucional otorgó un amparo y ordenó la liberación inmediata de Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, quienes habían sido sentenciados a 50 años de prisión sin pruebas suficientes, tras un proceso penal viciado que violentó reiteradamente sus derechos.

La estrategia de ataque contra la Suprema Corte está abierta en todos los frentes: el discurso oficial, los medios públicos de comunicación, el debate gubernamental e incluso las calles. La defensa no puede ser de otra manera. En este momento crítico, es necesario reivindicar el desempeño de nuestro máximo tribunal a partir de sus resoluciones. Si la Corte habla a través de sus sentencias, hagamos que sus sentencias hablen para las y los mexicanos.

Senadora de la República