El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en profundizar la militarización. Lo anterior a pesar de que existe evidencia suficiente que muestra que los militares en las calles no solucionan el problema de las violencias, cada día nos impone más militares, restándole capacidades a las policías y los ministerios públicos para prevenir y solucionar los conflictos.  

Al igual que a nivel federal, aunque de forma menos acelerada, la militarización está invadiendo los gobiernos locales. A sugerencia del Presidente, muchos gobernadores y presidentes municipales acuden al secretario de la Defensa para que les envíe un militar como secretario de seguridad y/o de jefe de la Policía. Hemos identificado al menos a 53 mandos militares o marinos en esos puestos.  

Al quedar en manos castrenses la seguridad, la naturaleza de la policía civil se nubla y la cultura castrense impera. La esencia de los soldados es ser siempre leales y proteger a la patria; la misión de la policía es proteger y servir a la comunidad. Las dos son importantes, pero son visiones distintas y no compatibles. Para los policías lo importante es prevenir o resolver conflictos, para los militares es la disciplina y la obediencia sin cuestionar.  

En campo, olvidan al ciudadano que está frente a ellos para imaginar un enemigo, con las consecuencias que hemos observado, desde las menos graves pero si engorrosas, como las kilométricas filas en las carreteras por un simple accidente, donde el soldado espera que alguien  de la cadena de mando le ordene ayudar a mover los vehículos accidentados al acotamiento para que los otros puedan circular; hasta las trágicas, en el caso del soldado que dispara porque marcó el alto y el conductor no obedeció. 

Este cambio de mando y cultura va en perjuicio de los ciudadanos. El país acumula dolor, mientras las autoridades insisten en hacer lo mismo sin importar que sigamos acumulando miles de muertos y desaparecidos.  No obstante, no estamos condenados a vivir en violencia. Hay otras alternativas.  

Pero para abrirnos a pensar y escuchar, debemos salir de la mentira que nos han contado y que nos hemos creído. No es verdad que necesitamos a los militares haciendo rondines en todo el país. Donde sí se requieren, porque sin duda hay municipios donde los criminales mandan, se debe aplicar el artículo 89 constitucional, que le permite al presidente, a petición de las autoridades locales y con reglas claras, hacer uso de su facultad para ordenar que se movilicen.  

Para situaciones no extremas, hay otras opciones que se están pensando en diversos espacios. Uno de ellos es en Movimiento Ciudadano, que el jueves pasado presentó “México tiene opción con Justicia y Paz”. Es un planteamiento basado en el trabajo de muchos años de Bernardo León Olea, con el toque de cifras complejas explicadas de forma sencilla por Alejandro Hope.  

Una propuesta con la que puedes o no estar de acuerdo en su totalidad pero que se pone en la mesa para empezar a dialogar. Este plan considera cambios profundos al sistema de seguridad y justicia, va desde la prevención hasta el sistema penitenciario. Además, pone el foco en lo importante: hace a un lado la militarización y considera a las instituciones civiles de seguridad y justicia en el centro y al servicio de la gente.  

En el tema de seguridad plantea mejoras a salarios, prestaciones y capacitación a policías; para delitos federales propone una Agencia de Investigación Criminal y para los del fuero común, plantea que todos los policías puedan recibir denuncias e iniciar la investigación. Tan solo esta parte de la propuesta haría que los ciudadanos se sientan atendidos, que se regrese la confianza a las policías civiles y que disminuyan los índices de impunidad. La propuesta dibuja un camino de la militarización al civilismo.