No es gratuita la pregunta. Parte de hechos documentados, al menos a lo largo de los tres últimos procesos electorales del orden federal. Decenas de aspirantes a puestos de elección popular fueron amenazados, otros atacados y unos más asesinados para que abandonaran sus aspiraciones políticas. Y ante eso, hubo otras decenas de candidatos que nunca fueron intimidados y que ganaron luego de tales hechos violentos. Pregunto: ¿ellas y ellos, a diferencia de sus contrincantes, sí fueron palomeados por caciques políticos locales, o por capos de esas plazas en 2018, 2021 y 2024?

Asumiendo que todos los políticos también son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hago otra pregunta, que ya he planteado: ¿alguna fiscalía local indagó si quienes triunfaron tenían relación alguna con los homicidios? ¿Si se beneficiaron con esos asesinatos? Por ejemplo, y para empezar, ¿pesquisaron si no eran los favoritos en las encuestas y al desaparecer los punteros se posicionaron al frente de las preferencias? ¿Investigaron si tenían algún vínculo con criminales, si ellos mismos eran caciques políticos que querían reelegirse? ¿Verificaron, con la ayuda de jueces, sus cuentas bancarias, sus actividades, sus comunicaciones?

¿Nada? ¿Ni una pizca de trabajo de inteligencia? ¿Las gobernadoras y gobernadores no se acercaron a la Secretaría de la Defensa para solicitarle los informes que tiene de casi todos los municipios del país, con detalles pormenorizados de quién es quién en cada plaza dentro del mundo criminal, y de sus vínculos con políticos locales y regionales? ¿No? ¿Y a la Marina Armada de México tampoco? ¿Y las fiscales y los fiscales nunca solicitaron esa información?

Han pasado casi seis años desde que llegaron al poder quienes ganaron en 2018 luego de los asesinatos de sus rivales, tres años para los que triunfaron en 2021, y que yo sepa, salvo en un caso, no hay una sola indagatoria estatal que haya concluido exitosamente. Y por lo que también sé, la Fiscalía General de la República (FGR) no intervino fecundamente en ningún expediente.

Esa impunidad en el 99 % de los casos es la que provoca la normalización del método violento. Esa impunidad de caciques y capos y sus sicarios es la que ha provocado que el proceso electoral que inició en 2023 y que concluye en 2024 haya sido el más virulento que se haya documentado. El más letal. El más preocupante. El más sombrío, porque nos ha exhibido, por tercera ocasión, que las balas llegaron para quedarse en las contiendas electorales de los municipios, ya que la mayoría de quienes fueron atacados y ejecutados eran aspirantes a puestos en ese nivel de gobierno: casi ocho de cada diez, el 77.8 %.

Veamos las cifras recabadas en Votar entre balas, estudio realizado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político: en cuanto a candidaturas, en 2018 hubo 28 víctimas de asesinato; en 2021 se trató, otra vez, de 28 asesinatos; y en 2024, ha habido 31 asesinatos.

¿En qué país asesinan a... ¡87! candidatas y candidatos a lo largo de tres procesos electorales?

Vuelvo a insistir: no debemos normalizar más esta violencia electoral. Tenemos que exigir a los gobiernos estatales y a la FGR investigaciones para determinar quiénes fueron los autores materiales, pero, sobre todo, quiénes ordenaron estos 87 asesinatos que afectaron a todos los partidos políticos. Por ejemplo, el más agredido en 2024 (no sólo en cuanto a asesinatos sino a través de todo tipo de ataques) ha sido Morena (con 67 casos), seguido del PAN (25), el PRI (23), Movimiento Ciudadano (16), el PRD (13) y el PANAL (2).

El nuevo gobierno que iniciará en octubre debería a comprometerse, con sus 24 gobernadoras y gobernadores afines —y las fiscalías de esas entidades—, a tomar la iniciativa para que se indague eficientemente esta inadmisible matazón.

Si con nuestro silencio consentimos que la violentocracia siga avanzando, un día tendremos irremediablemente extraviada a nuestra democracia electoral.