Como si fuera un guion ya preparado, una puesta en escena mil veces ensayada, la narrativa del fraude electoral se teje actualmente desde el poder para pelear en las calles lo que no se ganará en las urnas. La enorme diferencia y el gran riesgo esta vez es que, si antes se hizo de manera pacífica y desde la oposición, ahora se hace desde un gobierno que no parece tener límites. Un gobierno que puede echar mano del monopolio de la fuerza del Estado.

El episodio protagonizado por "el Toro" Salgado Macedonio en donde profirió amenazas directas a siete consejeros del órgano electoral nacional y amagó con un llamado al motín, merecía una reacción mucho más enérgica por parte de las autoridades de este país. Lo que encontró fue un tuit de la secretaria de Gobernación y la complacencia por parte de sus compañeros de partido.

Félix Salgado Macedonio se sabe impune. Tal vez por eso no le hacen mella ni las acusaciones de abuso sexual, ni los señalamientos sobre su desastrosa gestión como alcalde de Acapulco. Se siente con derecho para amedrentar con un ataúd en un país que acumula 98 homicidios diarios y más de 200 mil muertos por Covid. Reclama una candidatura brincándose las trancas.

El órgano electoral documentó sus omisiones reguladas en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales: el no presentar el informe de gastos de precampaña. Y decidió aplicar la máxima sanción establecida: la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato. No fue el único caso, otros 21 precandidatos estuvieron bajo el mismo supuesto y seis más están siendo investigados. Todos bajo el mismo supuesto.

El INE fiscalizó a más de 6 mil precandidatos de los cuales 73 buscaron ser candidatos a gobernador. Todos cumplieron, menos dos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó a través de una sentencia que, a diferencia de lo que decía el precandidato Salgado, sí hubo precampañas en Guerrero y si hubo omisión, por lo tanto, se aplicó la sanción correspondiente a una conducta considerada grave.

A pesar de esta evidencia, el TEPJF titubeó y obligó al INE a que estudiara las circunstancias de cada caso. Lo hizo volver sobre sus mismos pasos confirmando una vez más sus supuestos. La palabra final de este caso queda, nuevamente, en la cancha del Tribunal. Ahí irán a parar todas las inconformidades que se acumularán conforme avance el proceso electoral.

El Tribunal Electoral es una instancia cuyo presidente trae a cuestas un expediente judicial abierto por enriquecimiento ilícito. Mientras no se confirme su inocencia seguirá sembrada la duda sobre su imparcialidad y autonomía.

La construcción de la narrativa del fraude parece sacada de un manual. Empieza por la descalificación sostenida hacia el árbitro electoral, sigue por la manipulación de las reglas establecidas y se ancla en la emisión de un discurso basado en miedos, supuestos y emociones.

En los últimos dos años, el Presidente de la República ha dedicado en sus mañaneras, más de 65 menciones al órgano electoral de las cuales 66 por ciento han sido negativas.

El imaginario del fraude se ha ido construyendo y editando al gusto de sus guionistas, eliminando pasajes desfavorables sin importar las consecuencias. La calidad de una elección se mide en la garantía de derechos y libertades y en el comportamiento ético de los involucrados en el proceso. Por ahora el fraude está casi cantado antes de la elección. Que esto nos una en la exigencia de condiciones para el ejercicio libre e informado del voto.

Twitter: @louloumorales