A la memoria de nuestro amigo y compañero senador Radamés Salazar Solorio, hombre de lucha, genuino y comprometido, que nunca dejó de esforzarse por que la transformación del país fuera una realidad. Lo vamos a extrañar.

De acuerdo con nuestra Constitución, México es una nación única e indivisible, y tiene una composición pluricultural, lo cual establece la obligación del Estado de promover los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad en todas sus manifestaciones y expresiones; sin embargo, en el ramo cinematográfico existe una fuerte tendencia de que los éxitos taquilleros extranjeros acaparen el número de pantallas mexicanas en las que se estrenan.

Por citar un caso, en 2010, la película más vista en México, que era de origen estadounidense, ocupaba en promedio el 25 por ciento de las pantallas, mientras que, en los últimos meses de 2019, el 98 por ciento de las pantallas se destinó a una sola película, también hecha en EU.

Esta situación, aunada a la pugna histórica de la comunidad cinematográfica nacional por un marco regulatorio que se adecue a las necesidades de producción y promoción de nuestro cine en el contexto internacional, han motivado la presentación ante el Senado de una iniciativa por la cual, de aprobarse, se expediría la nueva Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual, que abrogaría la legislación vigente en la materia, con lo que se darían los primeros pasos hacia una mayor competencia en el mercado, y una oferta más plural y acorde con la realidad nacional para la sociedad mexicana.

La iniciativa contempla aumentar del 10 al 15 por ciento el tiempo reservado para proyectar películas nacionales; establece que toda obra cinematográfica nacional se estrenará en salas por un mínimo de siete días consecutivos en horario estelar; dicta a las plataformas digitales la obligación de reservar el 15 por ciento de su catálogo para producciones cinematográficas y audiovisuales mexicanas, y prohíbe la censura, los cortes o la mutilación de las obras por parte de quienes las exhiben o comercializan, sin autorización de quienes tengan los derechos de autor.

Por otra parte, se amplían las atribuciones en cuanto a la promoción, el fomento y el desarrollo de la cinematografía nacional por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía y Audiovisual.

Aunque estas medidas han sido criticadas como proteccionistas por quienes se oponen a la iniciativa, descalificándola de tajo, es importante recordar que México ratificó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, mediante la cual se reconoce a los productos culturales como portadores de un valor que debe ser tutelado ante las industrias multinacionales.

De prosperar esta iniciativa en el Congreso de la Unión, se estaría engrosando la legislación en beneficio de las audiencias. Asimismo, se haría justicia al reclamo largamente postergado de la industria cinematográfica y audiovisual mexicana de contar con mayores estímulos y apoyos para competir en un mercado globalizado, acaparado por la industria estadounidense.

Con una mejor regulación del cine y la producción audiovisual en territorio mexicano estaremos apostando por el talento nacional que ha demostrado ser capaz de competir a nivel internacional, como lo demuestran las múltiples nominaciones y los galardones a que se ha hecho merecedor nuestro cine. Si esta actividad funciona como un espejo, vale la pena pulirlo y permitirle reflejar con mayor claridad el mundo en el que vivimos y, en su justa dimensión, a quienes en él nos miramos, es decir, reconociendo la pluriculturalidad que nos conforma.

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