"Desde Martín y Brayan en 2010 veo el mismo patrón de conducta criminal de los militares. Primero silencio, negación de los hechos, alteración de evidencia, criminalización e impunidad. Lo relaciono con el caso de los estudiantes del Tec de Monterrey que los abaten directamente, los hacen pasar por delincuentes y les siembran evidencia. Me queda claro que fue algo muy parecido, o a otros que han ocurrido en Nuevo Laredo". Así me responde Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo a la pregunta que le hago sobre las acciones repetitivas en las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano. Nada parece haber cambiado: militarización, criminalización de jóvenes, falta de debida diligencia en las investigaciones, graves violaciones de derechos humanos, espionaje a defensores y periodistas, etc.

Luego de que la madrugada del domingo varios soldados acribillaron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta, la discusión pública ha girado en torno a lo mismo de siempre: que los jóvenes eran criminales (ojo que no hay todavía ninguna conclusión oficial) y que quienes exigen justicia son solo defensores y cómplices de esos criminales.

La Sedena publicó una respuesta escueta a simple vista, pero que revela su objetivo en el discurso político. Efectivamente, el comunicado no hace afirmaciones irresponsables ni anticipadas sobre los hechos. No dice que los jóvenes hayan formado parte de un grupo del crimen organizado ni que se haya tratado de un enfrentamiento. Esto, pareciera representar un avance, pero en términos del discurso político es intrascendente, pues la tribuna presidencial es la que marca la agenda.

Ayer en la mañanera encabezada por Andrés Manuel López Obrador, un reportero de los que suelen asistir hizo afirmaciones sobre los hechos que ni siquiera el comunicado contiene. Dijo que se trató de un enfrentamiento, que los muchachos eran parte del crimen y que el defensor Raymundo es también un criminal. El presidente se abstuvo de responder al reportero con la contundencia necesaria para hacerle saber que el Estado está del lado de las víctimas y respeta el trabajo de los defensores.

¿De qué sirve entonces un comunicado que cuida las formas si el presidente criminaliza desde su tribuna? El comunicado de la Sedena y la 'voluntad' de investigar quedan opacadas cuando el presidente da su veredicto.

Mientras el presidente defiende la política fallida, cinco jóvenes se suman a las víctimas de un modelo de seguridad que está listo para matar si escucha un estruendo. No dejemos de vigilar la integridad y seguridad de Raymundo Ramos quien ha dado la cara y ha llevado probadas defensas de varias víctimas de asesinato a manos de las fuerzas armadas.

Twitter: @MaiteAzuela