Hace unos días, la colectiva #SororidadAháhuac denunció públicamente una red de ciberacoso y violencia digital a través de la cual más de 1,200 personas, presumiblemente alumnos universitarios, compartían fotografías y videos íntimos de alumnas de la Universidad Anáhuac Mayab y de otras instituciones universitarias de Mérida, Yucatán.

La noticia cimbró a buena parte de la sociedad yucateca, pero lo que debió convertirse en un motivo de unidad para la solidaridad con las jóvenes víctimas y para poner castigo y fin a este tipo de prácticas deleznables, generó otro tipo de reacciones en algunos círculos, que preocupan por su falta de empatía o por el riesgo y amenazas que han sufrido quienes dieron a conocer los hechos.

Según denunciaron medios de comunicación, de repente las redes sociales de #SororidadAnáhuac fueron borradas, sus contenidos y por lo tanto sus denuncias públicas retiradas de circulación.

Tuvieron que acudir las colectivas feministas en apoyo y grupos de estudiantes feministas y contra el acoso se solidarizaron y armaron con las alumnas de la universidad una protesta en el campus.

Hay que visibilizar la denuncia. Y hay que unir fuerzas toda la ciudadanía para que universidad y autoridades impongan sanciones ejemplares a quienes resulten responsables. Solo así habrá justicia y se prevendrán actos similares.

Las redes sociales son nuestra nueva realidad cotidiana. Desde ellas, en ellas, nos desenvolvemos a diario, incluso nuestras infancias se sumergen en ellas para visualizar imágenes y videos en aplicaciones "amigables" que les presentan una realidad alterna.

Pero demasiado a menudo esa realidad alterna conlleva riesgos y agresiones que debemos combatir. Las redes sociales son un universo paralelo que demanda también seguridad para los usuarios, sobre todo los grupos más vulnerables.

En nuestro país, términos como violencia digital, ciberacoso, pornovenganza, son parte del nuevo lenguaje de las conductas criminales, cometidas por quienes que vulneran la intimidad de las jóvenes por su condición de mujeres y las exponen y comparten imágenes que pertenecen al ámbito íntimo, privado.

Las víctimas no tienen culpa alguna. Eso debe estar más que claro en una sociedad que aún arrastra inercias sociales propias del machismo y del androcentrismo de siglos anteriores. Las víctimas son víctimas.

Ante la comisión de este tipo de delitos hay que actuar rápidamente y con severidad. Hay que proteger a las víctimas y garantizar su seguridad. No basta con ser empáticos, hay que actuar.

En el caso de la red de pervertidos denunciada por #SororidadAnáhuac, al borrado de las cuentas de redes sociales de la colectiva siguió una serie de ataques y amenazas también por redes sociales, para que retiraran sus denuncias, para callarlas. Estos hechos ya fueron también visibilizados por la prensa.

En la Cámara de Diputados habemos mujeres de todas las fuerzas políticas y constituimos la mitad de los escaños. Es tiempo de ser sororas y definir acciones y políticas que protejan a las mujeres de las nuevas conductas criminales, para poner un hasta aquí a las violencias.

El ciberacoso y la violencia digital universitaria destapada en Mérida se replica en otras regiones del país, según reportes de los medios de comunicación, hay que tomar medidas para combatir estas conductas y garantizar la seguridad a las estudiantes.

Definición de delitos, penas ejemplares, persecución de oficio, cese de la violencia institucional, códigos de ética y políticas y protocolos de género para planteles escolares, acompañamiento legal y psicológico a las víctimas, son los temas que deberemos revisar en la inmediatez.

Hay que actuar rápidamente, y dejar en claro a las jóvenes víctimas: no están solas.