La salud y el bienestar de las y los habitantes de Nuevo León constituyen una parte fundamental para el desarrollo social del estado. Sin embargo, la persistente mala calidad del aire en la zona metropolitana ha encendido nuevamente las alertas sanitarias, evidenciando la urgencia de fortalecer las acciones gubernamentales destinadas a la protección de la salud pública. Esta situación requiere la atención y coordinación inmediata de las autoridades competentes, así como la participación activa de la sociedad civil y del sector privado.

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Estatal de Salud y el Artículo 1 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, corresponde a las Secretarías de Salud y Medio Ambiente respectivamente la implementación de políticas públicas, programas y acciones para la prevención y el control de la contaminación atmosférica. No obstante, los datos recientes demuestran que la contaminación mantiene niveles altos que representan un riesgo considerable para la población, especialmente para grupos vulnerables como niñas, niños y adultos mayores.

De acuerdo con los dos estudios epidemiológicos preliminares desarrollados por la Secretaría de Salud desde el año 2024 y con base en estadísticas recabadas en las 5 estaciones de monitoreo ubicadas cerca de Juárez, San Nicolás, Obispado, Santa Catarina y Escobedo, se detecta en la población infantil la presencia de hiperreactividad bronquial que se ha encontrado asociada a la exposición prolongada a altos niveles de partículas PM2.5 y PM10. Asimismo, los análisis miden la correlación que pudiese presentarse con enfermedades como asma, conjuntivitis, hipertensión, infartos y eventos vasculares cerebrales.

En la glosa llevada a cabo en el Poder Legislativo en fecha del 12 de noviembre del presente año, se le preguntó a la Secretaría de Salud acerca de los dos estudios epidemiológicos en curso, dichos estudios y la evidente gravedad del impacto ambiental en la salud, en dicha glosa se reiteró que los estudios hasta este momento no demuestran correlación entre la calidad del aire y las enfermedades mencionadas, sólo en el caso de la hiperreactividad bronquial infantes, lo cual no se alcanza a comprender cuando en Nuevo León hay 3800 muertes al año por mala calidad del aire.

A ello se suma un incremento estimado del 40 % en consultas médicas e ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias en Monterrey, afectando de manera particular a las niñas y los niños cuyos sistemas respiratorios aún están en desarrollo y, por lo tanto, presentan mayor vulnerabilidad ante los contaminantes encontrados en el aire.

Por otra parte, en diversos medios del estado, se ha mencionado que Nuevo León se encuentra fabricando autopartes, malta para cerveza, refrigeradores congeladores y tractores para Estados Unidos pero el aire sucio queda dentro de Monterrey. La manufactura y reciclaje de residuos dentro de Nuevo León es uno de los causantes de los altos niveles de la contaminación en el aire, el año pasado se reportó que Estados Unidos envió millones de toneladas chatarra, desperdicio de papel y residuos peligrosos para procesarlos como materia prima, con eso se revela que las plantas de manufactura y de reciclaje liberan más metales pesados tóxicos al aire que las cantidades totales reportadas en muchos estados de Estados Unidos. Dichas emisiones industriales, derivadas de fábricas, plantas de energía y empresas de reciclaje de residuos, han saturado el aire con partículas finas y metales tóxicos, no solo poniendo en riesgo la salud y calidad de vida de millones de ciudadanos.

Las consecuencias derivadas de esta problemática no se limitan al ámbito respiratorio. La exposición prolongada a contaminantes presentes dentro del aire también genera efectos crónicos en la salud cardiovascular, deteriora la calidad de vida, incrementa la presión sobre los servicios de salud y eleva la mortalidad potencial. De mantenerse esta tendencia, se configurará una amenaza de largo plazo para la población y para la sostenibilidad del sistema sanitario.

Por lo anterior, y ante el daño comprobado o en proceso de comprobación en la población infantil, por el incremento de hospitalizaciones y los demás riesgos asociados para la salud pública, se considera indispensable reforzar e implementar políticas públicas más estrictas, integrales y efectivas que atiendan de manera urgente la calidad del aire en Nuevo León.

Ignorar la situación presente implicaría altos costos en salud, bienestar social, productividad y calidad de vida para las familias de Nuevo León. Proteger a la niñez, es uno de los sectores más importantes y más vulnerables, y proteger a toda la población es obligación del Estado al ser una prioridad inaplazable para prevenir daños duraderos que afectan el desarrollo integral.