Aun cuando la preocupación central del gobierno se ocupa de la actitud interesada de los medios de difusión después de haber compartido sus intereses con el gobierno durante sus treinta y seis años de hegemonía ficticia de conceptos, sólo dos razones son dignas de considerar para ello: una, es la que puede surgir de la ineficacia del régimen para asegurar de manera contundente las expectativas ciudadanas, y cuya falta de atención pudiera resultar mortal el día que los cambios pregonados de la cuarta transformación concentrasen la economía en manos del Estado o en la alta burocracia pública y privada, poderes que está lejos de tener, y la otra: porque ningún gobierno –aunque tenga una fuente de legitimidad basada en un cincuenta y tres por ciento de los votos emitidos durante las elecciones, en tanto que ningún Estado sostiene sus disposiciones en consideración a sus leyes o en consideración a los acuerdos de sus agentes representativos, sino por lo que influyen en la vida de los ciudadanos, y no puede ser de otra manera más que por él bienestar perdurable, sin que implique consecuencias desastrosas que lamentar cuando sean conocidas por todos, o del dominio público.

Durante los días anteriores, y al cuarto para las doce del día en que Andrés Manuel López Obrador rinda formalmente ante el Congreso de la Unión su primer Informe de Gobierno sobre el estado de cosas que guarda la nación, durante sus primeros nueve meses de gestión gubernamental, anunció que con excepción de la empresa Fermaca, IE nova, TC Energía y el Grupo Carso llegaron a un acuerdo con el gobierno de López Obrador para que la Comisión Federal de Electricidad se le garantice el abasto de gas para la generación de electricidad, y que lo sucesivo no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional; habiéndose renegociado que el primer gasoducto que entrará en operación será el gasoducto marino que viajará desde el sur de Texas-Tuxpan, con capacidad para transportar 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios, asegurándose que el acuerdo es benéfico para México porque significa un ahorro de 4,500 millones de dólares para la hacienda pública, sin abordar el problema de la propiedad de las instalaciones de los gasoductos y de sí éstos al término de los convenios celebrados por veinticinco años quedarían en la propiedad de México

En derredor de estas cuestiones, es interesante la ilustración que hace el profesor de derecho constitucional en la Universidad de Londres: Harold J. Laski: “El Estado sostiene sus disposiciones, no por consideración a las leyes mismas sino por lo que influyen en la vida de los individuos. Cada uno de sus miembros se esfuerza por ser feliz. Para ello necesita las condiciones, sin las cuales no puede conseguirse la felicidad; y juzga al Estado según su habilidad para asegurarle dichas condiciones. Es evidente que el Estado no puede garantizar la felicidad a todos, por la sencilla razón de que algunas de las condiciones para lograr la felicidad están fuera de su dominio. Un hombre puede sentir que la vida no es digna de vivirse sin el amor de una determinada mujer; pero nadie puede sostener que debe esperar que el Estado le asegure dicho amor. Lo más que podemos decir es que existen, al menos condiciones generales de felicidad que afectan por igual a todos los ciudadanos, y que son las bases mínimas para lograr una vida social satisfactoria. Estas deben ser aseguradas a sus miembros por el Estado, si este quiere contar con la continua obediencia de los ciudadanos a sus disposiciones” (Harold J. Laski. Introducción a la política. Ediciones Siglo Veinte. Buenos Aires, 1970, p.p. 45-46).

Lo extraordinario de los acuerdos dados a conocer es que dio la impresión de que el presidente de la República: Andrés Manuel López Obrador, ni Manuel Bartlett Díaz (CFE) conocían los datos más recientes de la negociación concretada, y fue llamado un tercer personaje para dar a conocer que el acuerdo en benéfico para el país en tanto que a la hacienda pública le permite hacer ahorros por 4 mil quinientos millones de dólares y sin identificar suma alguna se asegura que se renegociaron las tarifas del servicio del transporte de gas se hizo sobre una base fija, y aunque se adujo haberse concretado acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y de fuerza mayor, se evadió la legitimación con que la Comisión Nacional Reguladora de Energía reconoció a las empresas un supuesto derecho de propiedad sobre los gasoductos por encima de lo que está pagando la Comisión Federal de Electricidad por el financiamiento de ellos y se compromete a pasar por los compromisos de pagar abastos de gas no entregados.

Las dificultades que ponen en un predicamento todo lo logrado en menos de nueve meses no sólo se limita a la vieja práctica de disponer de oficiales mayores para que el presidente todo lo manejara, sino por el hecho de que la palabra divina de la autoridad que por algún tiempo funcionó en el intento de engañar al pueblo y conducirlo hacia algo que realmente no quiere, carece de significado en boca de Carlos Salazar Lomelí (Consejo Coordinador Empresarial) porque estos acuerdos lejos de traducirse en ganar, ganar, ganar. Ante sus propias palabras del mínimo límite de crecimiento que niega la suma de recursos que engrosa el renglón del consumo generalizado por la vía de las pensiones adicionales a los adultos mayores y de que los campos de la economía y la política deben estar separados para evitar la confrontación de clases beneficiarias del gobierno. Las clases sociales en Estados Unidos constantemente evocan a Franklin Delano Roosevelt

por algunas de las palabras que Harold Laski repitió, como enlace por parte de Estados Unidos para alcanzar la paz en la segunda guerra mundial: “El Estado sólo tiene derecho a la victoria cuando pruebe a sus ciudadanos que sus leyes han de serles de mayor provecho. Su soberanía depende de la calidad de vida que proporciona a sus miembros”.