La importancia del narcotráfico y del problema sociopolítico que representa para México y los Estados Unidos se vuelve cada vez más, un tema de alta prioridad.

El tráfico de drogas y otros ilícitos no suceden sin la complicidad y corrupción en muchos niveles de gobierno en ambos países. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB por sus siglas en inglés) en su informe del 2022 registró un aumento del 28.5 por ciento de sobredosis fatales en Estados Unidos encendiendo las alertas de una crisis de salud pública que hoy está en el epicentro del interminable debate.

En el actual contexto bilateral geopolítico, económico y sin duda electoral ha llegado a su fin el juicio contra García Luna colocando en el banquillo de los acusados al Estado mexicano, pero también a varias administraciones y mandos estadounidenses.

La deliberación del jurado apostado en Brooklyn, Nueva York, y su resultado tendrá repercusiones que van mucho más allá de una absolución o una condena; el paradigma bilateral del combate a las drogas no sólo ha resultado en una enorme asimetría sino en una simulación que raya en el cinismo de los intereses.

Durante el juicio se evidenciaron entre varias cuestiones, una nodal. Áreas estratégicas del gobierno estadunidense tuvieron conocimiento de la presunta complicidad e involucramiento de García Luna y sus allegados para favorecer a una organización criminal.

Según testimonio de un agente de la DEA, por el año de 2010 se empezó a tener información sobre los sobornos que recibía el entonces titular de seguridad pública federal y sus colaboradores más cercanos. La duda razonable a estas alturas es saber a ciencia cierta cuál fue el motivo en la decisión de no actuar –sino condecorar y presumir la excelente coordinación entre países— y esperar más de una década, después de conocer, profundizar y analizar esa información proporcionada al gobierno estadunidense primero, por una de las cabezas del cártel de Sinaloa y después por una serie de eventos violentos que involucraron a colaboradores de García Luna en lo que se presume fueron ajustes de cuentas.

La acusación por cargos de narcotráfico y corrupción —además de perjurio— contra Genaro García Luna (y el gobierno de México) ¿acaso está enfocada a marcar una tendencia para la rendición de cuentas?

Lo expuesto en la Corte de Brooklyn es sólo un botón en la mercería putrefacta de corrupción que vulnera transversalmente a instituciones mexicanas y que en la actualidad bajo la cuatroté es una prioridad en la agenda bilateral ante el estrepitoso fracaso de la política de abrazar a las (mismas) organizaciones criminales.

La dura señal de la actual titular de la DEA en el sentido de que este gobierno no coopera lo suficiente en combatir el tráfico de fentanilo y empujar para que México aumente las extradiciones no deja dudas de la tensión bilateral que se avecina.

La lupa estadounidense y la presión de varios legisladores y del fiscal de Virginia para apremiar se considere a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas arrecia en todo el contexto arriba mencionado.

Lo que está en juego no es sólo un escenario de ingobernabilidad en regiones controladas por el narco sino la fuerza del Estado mexicano, su capacidad de imponer orden y el Estado de derecho.

Y en la narrativa de los hechos va perdiendo el régimen de López Obrador. Y el tiempo ya no es un aliado.

Twitter: @GomezZalce