Hablamos de "blindar" las instituciones y los proyectos para ponerlos a salvo del "enemigo malo", que acecha. Sabemos que los mejores blindajes difícilmente contienen las acometidas de un adversario poderoso. No lo pudo la línea Maginot en Francia, pese a la confianza que en ella pusieron sus constructores. Sin embargo, es preciso establecer el blindaje que enfrente la furia del invasor cuando se trata (como hoy) de preservar bienes superiores de la nación: la libertad y el sistema democrático. Si cede el blindaje, se habrá perdido mucho más que un reducto estratégico.

En México hemos procurado forjar un andamiaje democrático. En este empeño muchas generaciones lucharon contra viento y marea, venciendo obstáculos formidables. Hubo un tiempo en que el gobierno hacía las elecciones, a falta de pueblo que las hiciera. Pero ese tiempo quedó atrás y no deseamos (¿no deseamos?) que vuelva. Para ello construimos un sistema electoral avanzado y dispusimos un árbitro independiente y honorable que vigile el buen desempeño de los comicios y garantice la limpieza de sus resultados.

Hoy contamos con ese árbitro y estamos en la víspera de una "macroelección" que pondrá a prueba su vigor y competencia. También quedarán a prueba, por cierto, la fuerza y la firmeza de la democracia en México. Han soplado muchos vientos favorables en esta pradera, pero también se han agitado frecuentes huracanes, que ahora mismo pretenden descarrilar el curso de nuestra democracia. Por eso es indispensable blindar al árbitro en cuyas manos puso la República la gigantesca responsabilidad de velar por la democracia y resistir la ira y la ambición de sus adversarios.

Ese árbitro es el Instituto Nacional Electoral. En él se ha depositado la esperanza de los demócratas resueltos a resistir el asedio autoritario, que busca el naufragio de nuestra joven democracia. Por supuesto, hay mucho que mejorar en ese Instituto —como en todos los órganos del Estado mexicano—, pero también es evidente que el INE constituye, hoy día, el instrumento primordial para asegurar la legitimidad de la elección y restaurar la confianza de los ciudadanos. Es lo que tenemos a la mano —y no hay más— para administrar con probidad e imparcialidad el proceso electoral.

En estos años se ha llevado adelante una constante arremetida en contra del Instituto Nacional Electoral. El Ejecutivo en turno, que acaso pretende gobernar a perpetuidad, se esfuerza en descalificar al árbitro para desacreditar la elección y remover la democracia, en aras de una nueva concentración del poder, que gana terreno. Es lamentable que el asedio provenga de la instancia que debiera ser garantía para las instituciones republicanas y factor de unidad y concordia entre los mexicanos.

Por eso es preciso blindar al Instituto Nacional Electoral con la única protección que puede frenar el asedio al que se le ha sometido: el clamor de la opinión pública, fuerza motriz de la democracia. No es posible contemplar a distancia y en silencio el acoso en contra del Instituto. Es indispensable elevar la voz para defender esta trinchera de la frágil democracia mexicana.

Cada ciudadano, con todos los recursos a su alcance —sumados, son los recursos de la nación entera— debe exigir respeto y garantía para el árbitro electoral. No podemos observar en silencio la demolición del Instituto Nacional Electoral. Eliminado éste del gran frente de batalla, el futuro de la nación quedará a merced del poder omnímodo y sus fuerzas de choque. Dejaríamos de ser ciudadanos para convertirnos en vasallos.