Han pasado ya ocho años de la tragedia de Iguala. Recuerdo como comenzó a fluir a cuenta gotas la información de lo ocurrido aquella noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Habían desaparecido 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Desde un principio se temió lo peor: los muchachos habrían sido asesinados. Hoy, una comisión especial ha entregado los resultados de su investigación en la que, a diferencia de la primera, incluye al Ejército Mexicano entre las autoridades responsables de la masacre. Lo cierto, tristemente, es que a 8 años de distancia, hay muchos detenidos pero los padres de los muchachos y la sociedad entera siguen a la espera de conocer la verdad y de que se haga justicia.

La tragedia de Iguala, sin precedente en la historia de México, es probablemente la más dolorosa que nuestro país ha sufrido. Cierto, en las últimas décadas, la sociedad mexicana ha pasado por momentos muy duros debido en gran medida a los altos niveles de inseguridad y violencia que padecemos, pero, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, añadió al dolor humano, el saber que en ese caso, las autoridades, que están para servir y proteger a la sociedad,  no sólo fueron omisas, sino que, son los autores directos de una agresión brutal contra jóvenes estudiantes.

Existe una urgente necesidad de transformar de raíz nuestro sistema de justicia. Lo que le duele a México, la herida que sigue abierta desde hace muchos años, es la ausencia de instituciones confiables que protejan al inocente del abuso y castiguen con todo rigor a quien viola la legalidad. Ayotzinapa es un caso más en el que un poder fáctico y sin otra ley más que la violencia irracional, lastima a la sociedad. Es hora de poner límite a esos poderes que amenazan nuestra viabilidad como país y, esto sólo puede hacerlo el Estado, transformando su aparato de justicia.

Otro tema urgente es el blindaje de nuestras instituciones democráticas contra el poder corruptor del crimen organizado. Desde hace muchos años hay señales de alarma que han sido desatendidas por la élite política. Fuimos testigos de cómo un diputado acusado de vínculos con el crimen organizado entró al Congreso escondido en una cajuela. Varios ex gobernadores están en la cárcel acusados de vínculos con las mafias criminales. Alcaldes de todos los signos partidistas han claudicado, por temor o por contubernio, ante el poder del crimen organizado. Es hora de tomar medidas urgentes y contundentes.

Y, el otro tema, es la necesidad de unir esfuerzos en esta tarea más allá de intereses particulares. Es indispensable que los esfuerzos no se vean limitados por cálculos políticos para que se pueda ir al fondo en la lucha en contra de la corrupción y de la impunidad. Es una tarea de todos: los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

El dolor que nos causa la tragedia de Ayotzinapa debe servir para darnos cuenta de la urgencia de que México sea un verdadero país de leyes. En esto debe de haber espacio para la participación de todos los actores de la sociedad. En la necesidad de contar con instituciones que puedan aplicar la ley y garantizar la seguridad y la convivencia social pacífica no hay espacio para regateos.

@jglezmorfin