Hasta hace algunos años en Japón, orinar en la banqueta era una práctica común de los borrachos.  Aunque era ilegal, los policías se hacían “de la vista gorda” pues era más o menos aceptado socialmente.  Para lograr erradicar esa costumbre de los ejecutivos japoneses, “sarari (salary) men”, el gobierno nipón tuvo que, crear consciencia en la población a través de medios de comunicación, colocar advertencias en las calles y, sobretodo, hacer cumplir la ley.  No porque alguna acción o comportamiento fuera socialmente aceptado o legalmente permitido, quiere decir que sea correcto, ético, moral o justo.

Por conveniencia, ignorancia o llana maldad, los corruptos sistemas políticos, por antonomasia, muchas veces protegen y legalizan comportamientos injustos o faltos de ética.  En este sentido podremos pensar en innumerables circunstancias.  Tomando un caso algo antaño, en los 50’s, Walt Disney compró enormes reservas territoriales en el sur de California a través de empresas fantasma para evitar que subieran los precios en forma especulativa.  Si los dueños de los terrenos hubiesen sabido que se trataba de un proyecto enorme para construir Disneylandia, seguramente habrían pedido más por sus terrenos. Tal vez, entre quienes vendieron sus terrenos o casas a Disney había viudas, madres solteras, personas mayores u otros que pudieron haber recibido un precio más justo.  Disney, sin duda, actuó dentro de un marco legal, pero, lo que estaría para algunos en tela de juicio, sería su ética.

Churchill decía que “el precio de la grandeza es la responsabilidad”, pero es escandalosamente irónico cómo leyes humanas muchas veces son diametralmente opuestas a la ley de Dios.  Por ejemplo, en algunos países está permitida la pena de muerte, en otros está amparado por la ley asesinar a alguien en propiedad privada, la mayoría de los países premian a quien le quite la vida a un enemigo de guerra y, por influencia de Naciones Unidas, han legalizado el aborto, dejando enteramente a la discreción de algunos políticos, las semanas de gestación. En base a lo anterior, se pudiera argumentar que, aunque asesinar no fuese un mal prohibido “malum prohibitum”, sí sería un mal injusto, inhumano, contra natura… malo por si, “malum in se”.  Es patente la indigencia moral y la pobreza de virtudes de aquellos políticos que hacen excepciones legales. Hablando de virtudes, la mayor de todas es el amor y sería bueno recordar el pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, “la falta de amor es la mayor pobreza del ser humano”.

Lo mismo se pudiera afirmar de “no robarás” o “no darás falso testimonio ni mentirás”. Caray, de esto se pudieran escribir incontables tomos.  El tema es que, lo que no está legalmente prohibido, está permitido.  En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia,1789) decía “La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena" (Artículo 5).

So pretexto del infame artículo 5, los abogados redactan leoninos contratos de adhesión, los de las letras pequeñas, imposibles de leer y muchas veces de acatar por quienes los aceptan.  Algunas instituciones financieras prestan a tasas pecaminosamente altas escudándose en el riesgo crediticio. Igualmente, algunas empresas cabildean para impedir la entrada de productos importados para así continuar gozando de robustos márgenes, compran reservas territoriales con el dinero que adeudan a sus proveedores o advierten a sus clientes de las consecuencias de comprarle a sus competidores.  Hasta en las familias aplica el mismo dilema; la esposa le podrá solicitar el divorcio y la consecuente manutención de los hijos a un marido infiel, inmoral y falto de ética, pero, legalmente ese hombre no cometió delito alguno.

En los últimos meses y parcialmente como consecuencia del COVID-19, en EE.UU. el número de empresas, mayormente grandes, que se han declarado en concurso mercantil, “Chapter 11” ha sido aún más que durante la segunda crisis económica mundial en 2008-2009.  En esta modalidad de quiebra parcial, a la empresa le permiten seguir operando y negociar contratos y pagos con acreedores. En ocasiones la empresa no tiene opción, pero en otras es una estrategia para endosar su pérdida a sus proveedores, indistintamente del tamaño o capacidad económica de los mismos.  Este recurso legal exhorta a la empresa a no pagar y significa una ventaja económica comparado con competidores.  En el caso de empresas grandes, cuando la negociación es entre pares, como con la banca, pareciera ser más justa que cuando negocian con proveedores PYMES a quienes, si acaso, les pagan una fracción de lo que les deben y a largo plazo.  Tristemente habrá muchas PYMES que no podrán resistir dicha maniobra legal de las empresas grandes para no pagarles.

En esta crisis económica sería pertinente que las empresas que se están apegando a la Ley de Concursos Mercantiles, recordaran la frase del religioso francés, Enrique Domingo Lacodaire, “El hombre honrado es el que mide un derecho por su deber”.  La base de la justicia económica y social, como también del bien común se sustenta en el destino universal de los bienes.