"Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes", declara el presidente López Obrador el martes al referirse al caso Ayotzinapa.

Dos días después se da a conocer una filtración con información sensible de la Sedena. El material se difunde apenas diez días después de una serie de golpes mediáticos y nados sincronizados en contra de Alejandro Encinas y las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes. Se seleccionan elementos de la filtración que tienen la clara intención de dañar al presidente, decir que mintió, insinuar que está incapacitado para gobernar.

Difícil asegurar que el golpe pudo venir de los propios militares, pero imposible negarlo contundentemente. Se le atribuye haber dicho a Roosevelt que en política no hay coincidencias…

¿Quién puede tener la capacidad para presionar al mismísimo presidente y a uno con la autoridad y el apoyo popular de López Obrador? Cuestionar el fondo de sus declaraciones del martes no es ocioso. Y dentro de las hipótesis no podemos descartar al narco, pero tampoco al Ejército, una institución que ha ganado excesivo protagonismo en este sexenio, acumulado funciones y, en los últimos meses, mostrado señales preocupantes de retar al poder civil.

Ejemplos sobran: el 22 de junio el general Luis Cresencio Sandoval, en plena ceremonia con las víctimas de represión del terrorismo de Estado de los setenta, pidió inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado: una evidente provocación que muestra la necedad de reconocer el papel de victimarios del ejército e intenta equiparar las bajas militares con las víctimas.

El 13 de septiembre el secretario de Defensa declaró que hay quienes "alertando con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales [...] pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir al país". Un discurso de claros tintes políticos que se interpreta amenazante frente a quienes han criticado la militarización.

El 08 de septiembre el secretario se reunió con Alito Moreno y diputados priistas en una supuesta "sesión informativa" que buscaba cabildear con legisladores la iniciativa para reformar la Guardia Nacional y que pase a formar parte de la Sedena.

Todo eso y más devela una serie de conductas ajenas a la tradición de las Fuerzas Armadas, que en México siempre han mantenido una distancia de la política interior.

Pero aunque esto es inquietante, no lo es tanto como lo que se ha visto recientemente en el caso Ayotzinapa, donde es clara la intención de la corporación de proteger a los suyos, de que nadie los toque.

Destaca la entrevista tan a modo que ese cuasi vocero de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández Menéndez, hizo para ADN 40 al general José Rodríguez Pérez, detenido en el Campo Militar número uno por presuntamente haber ordenado el asesinato de seis estudiantes. Sólo se puede interpretar esa entrevista como parte de una campaña mediática avalada desde el Ejército, en respaldo a uno de sus generales.

Se suma a esto el hecho de que la Sedena haya permitido a dos abogados –Alejandro Robledo y César González–, socios de la red de presuntos negocios judiciales de Julio Scherer –personaje que no se despidió en buenos términos del presidente–, dar una conferencia de prensa para demeritar el trabajo de Alejandro Encinas, a quien hoy diversos sectores presionan para renunciar.

El conjunto de osadías ya es inocultable.

Si a esto se suman las resistencias del Ejército a entregar la documentación requerida para esclarecer el caso Ayotzinapa, como lo ha denunciado el GIEI, queda claro que tenemos unas Fuerzas Armadas atrapadas en el pasado, que se niegan a rendir cuentas –o acaso lo hacen selectivamente–, y que quieren –y exigen– impunidad a cambio de ejercer las tareas que hoy se les demandan.

Por lo visto, no les bastó con la exoneración del general Cienfuegos. Pareciera que buscan ser intocables. Y esos no pueden ser los términos de la relación entre el poder militar y el poder civil, ni mucho menos las condiciones en las que se plantee su necesaria participación en tareas de seguridad, precisamente el tema que hoy se discute.

Pero hay que asumirlo: De todo esto es responsable, en muy buena medida, el propio presidente de la República porque ha venido creando un Frankenstein: un monstruo que parece haber cobrado vida propia. Por eso debe ponerle un hasta aquí a las Fuerzas Armadas. Ojalá no sea demasiado tarde.

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