Opinión Columna


Adrianistas


Publicación:10-11-2022
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Por si quedaba alguna duda sobre las diferencias entre el Estado y el Poder Legislativo, vale aclarar que suenan tambores de guerra.

Por si quedaba alguna duda sobre las diferencias entre el Estado y el Poder Legislativo, vale aclarar que suenan tambores de guerra.

Y, aquellas pretensiones de pulir asperezas y trabajar en unidad por el bien del Nuevo Nuevo León, definitivamente quedaron en el olvido.

Si no lo quiere creer ahí están las diferencias que salen a relucir entre el Estado y el Congreso local un día sí y el otro también.

Eso, muy a pesar de que los diputados aprobaron la Nueva Constitución y que a partir de eso, se desplomó todo acuerdo entre las partes.

Sobre todo, ante la designación del nuevo fiscal general de justicia que se ha visto más que entrampado con toda clase de señalamientos.

Con la votación para el despojo del SAT de Nuevo León al gobierno del Estado, así como el rechazo a las cuentas públicas de municipios emecistas.

Como prueba de que los legisladores andan en plan de venganza, ahí tiene ahora el despojo de la Comisiones de Presupuesto en poder del MC.

Pero ojo, porque las cosas no pararán ahí, pues los diputados ya preparan ''parches'' a la recién aprobada Nueva Constitución.

Por lo visto, quienes traen la consigna de definir quién debe o quien quieren que sea el próximo fiscal general de justicia tienen muy bien acomodados sus movimientos.

Sobre todo, porque casualmente después de un rosario superior a los 60 aspirantes ahora resulta que si no es Adrián de la Garza Santos, quien quede es un 'Adrianista''.

Por lo que hasta ahora a más de dos les cae el veinte, de que al final de cuentas, el ex alcalde y ex procurador no nada más pasó la aduana, sino metió a sus alfiles.

Y, aunque en política se dice que no hay casualidades, por lo visto, la regla aplica del mismo modo para la designación del próximo fiscal, a menos que otra cosa pase.

Que desde Egipto, el Gobernador ordenó congelar las cuentas a los municipios que tienen adeudos con SIMEPRODE, Agua y Drenaje y otros organismos que dan servicio a los municipios y en respuesta.

Y, que como respuesta el Congreso anunció que los alcaldes de las zonas rurales presentarán una solicitud de juicio político contra el segundo de a bordo, el Secretario General de Gobierno, por la no publicación de sesenta y tantos decretos, algunos de ellos aprobados desde el anterior período ordinario.

Aunque quizá no era lo deseable, al final de cuentas a alguien se le pasó la rola por boba y todo hace indicar que habrá consecuencias por la no asignación de recursos a los municipios.

Motivo por el cuál, está mañana alcaldes, legisladores y dirigencia del PAN se apersonan ante las autoridades de la fiscalía anticorrupción para interponer una denuncia.

Sobre todo, por la omisión en la asignación de los dineros federales que el estado debió redistribuir y que según alcaldes quejosos, no se otorgó en los términos que marca la ley.

Y, que según las propias palabras del gobernador Samuel García se darían dentro del plazo estipulado y por el cual ya comían ansias los alcaldes, a quienes pidió calma hace días.

Y, como si las broncas entre los diputados Eduardo Gaona de Movimiento Ciudadano y el morenista Waldo Fernández no estuviera tan cantada, las diferencias se siguen acentuando.

Tan es así, que a la bancada emecista le vienen recetando una serie de golpes bajos luego de que le declarara la guerra a Waldo, al señalar que le hacía el trabajo a los panistas.

Por lo que ahora que a la bancada de Gaona le quitaron la Comisión de Presupuesto, así como para ponerle sal a la herida, se la otorgaron nada más y nada menos que a Waldo Fernández.

Ya sabrá más o menos cómo se quedó de enchilada Norma Benítez del MC, quien pese a ser reconocida por su buena labor por el coordinador priista, Heriberto Treviño, no tuvo de otra.




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