Acuerdo por la democracia

Ricardo Monreal

El pasado 22 de febrero se cumplieron 108 años del infame asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, a manos de los golpistas encabezados por el usurpador Victoriano Huerta. En ese contexto, el 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una misiva a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a los gobernadores del resto de las entidades federativas del país, para establecer un acuerdo nacional en favor de la democracia, concretamente, exhortándolos a no intervenir en apoyo de candidaturas de partido político alguno, a no permitir el uso de recursos públicos con fines electorales y, en suma, a cuidar la legalidad de los próximos comicios del 6 de junio.

Al momento de escribir estas líneas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Baja California, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas ya hicieron pública su decisión de adherirse al acuerdo propuesto por el titular del Ejecutivo federal, sin embargo, los mandatarios de Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Durango y Tamaulipas, que conforman el bloque opositor al presidente, condicionaron su adhesión al acuerdo por la democracia a que las y los servidores de la nación dejen de participar en las brigadas que implementan la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México, así como a que el documento sea firmado bajo la autoridad del Instituto Nacional Electoral. Además, manifestaron su absoluto respaldo al gobernador de Tamaulipas, con excepción de los gobernantes de Jalisco y Chihuahua, que tomaron distancia del particular.

Cabe recordar que el gobernador de Tamaulipas enfrenta acusaciones ante la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.

La respuesta del bloque opositor al Gobierno federal refleja una serie de contradicciones ideológicas que se traducen en ambigüedades. Por una parte, anuncian la aceptación del acuerdo, pero, por otra, anteponen condiciones para ello. Siguiendo las reglas que rigen la creación de convenios, cuando una propuesta no se acepta de manera lisa y llana, sino que la respuesta implica modificaciones, se entiende como una nueva proposición y por lo tanto no tiene efectos de aceptación. Es decir, aunque no se permitieron rechazar públicamente una propuesta tan sensata y necesaria como la formulada por el presidente de la República, su incompatibilidad ideológica los llevó a incorporar más elementos de fricción, al desviar la atención con nuevos intentos para desprestigiar el esfuerzo de la aplicación democrática de las vacunas anti-Covid-19.

Demandar la eliminación de las y los 30 mil servidores de la nación que conforman las brigadas de vacunación, con escasos 12 integrantes cada una, para hacer frente a la crisis sanitaria más grave de la historia reciente de la humanidad, sólo se puede entender desde el desconocimiento del enorme reto logístico que implica la aplicación de la vacuna en todo el territorio nacional. O, peor aún, se puede comprender como un acto de mezquindad.

En estos tiempos de crisis, las y los servidores públicos tenemos la obligación de colaborar incondicionalmente en favor del bienestar popular, de la defensa de nuestra democracia y del pacto federal, anteponiendo el interés público a los intereses políticos, partidistas y electorales. En palabras del Apóstol de la Democracia: el poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional.

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