En Nuevo León viven más de 800 mil personas con discapacidad y forman parte de familias que todos los días enfrentan una realidad que muchas veces el Estado no ve. ¿Se imaginan tener que afrontar una discapacidad y, además, no tener acceso a servicios de salud, a terapias, a apoyo psicológico y orientación legal?

Esa es la realidad de miles de familias en nuestro estado.

Hoy, una madre o un padre con un hijo con discapacidad sabe que tendrá que salir por su cuenta a buscar atención médica, rehabilitación, asesoría y apoyo, muchas veces sin saber a dónde acudir, sin recursos suficientes y sin nadie que le acompañe institucionalmente. Y esto no es un caso aislado, es un problema estructural.

En Nuevo León, más del 13% de la población vive con alguna discapacidad, y de ellos, el 32% se encuentra en situación de pobreza. Es decir, no sólo enfrentan barreras físicas o de salud, también enfrentan carencias económicas mucho más graves que el resto de la población.

Además, más de 36 mil personas con discapacidad no cuentan con acceso a servicios de salud, lo que significa que su condición puede agravarse simplemente por no poder recibir atención oportuna.

Y hay algo todavía más preocupante: casi la mitad de las personas con discapacidad han sido discriminadas, insultadas o excluidas. ¿Qué estamos esperando para actuar?

Porque no se trata sólo de cifras. Se trata de personas que todos los días son invisibilizadas. Incluso, los propios datos del Estado reflejan una realidad alarmante: 5 de cada 10 personas con discapacidad atendidas han sufrido algún tipo de maltrato, principalmente negligencia, abandono o desamparo.

No estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de vidas. Y aquí es donde está el problema de fondo.

En México y en Nuevo León existen leyes, tratados internacionales y planes de desarrollo que hablan de inclusión, de igualdad y de derechos. Pero en la práctica, esas familias siguen solas.

El Gobierno estatal presume planes, diagnósticos y estrategias, pero cuando una familia de escasos recursos tiene a una persona con discapacidad en casa, no hay nadie que le tome la mano. No hay acompañamiento profesional. No hay orientación clara. No hay apoyo integral.

No basta con poner la palabra "inclusión" en una ley si después las personas siguen siendo discriminadas, excluidas o maltratadas.

No basta con tener programas en papel si en la realidad no llegan a quienes más lo necesitan.

Hoy, en Nuevo León, hay miles de familias que están cargando solas con la discapacidad de un ser querido. Familias que tienen que pagar de su bolsillo terapias, medicamentos y atención especializada. Familias que dejan de trabajar para poder cuidar. Familias que se endeudan.

Y esto no es un favor que están pidiendo. Es un derecho. Es una obligación del Estado.

Por eso, esta petición no es un trámite más. Es un llamado urgente. Un llamado a que el Gobierno del Estado deje de ver a las personas con discapacidad como cifras y comience a tratarlas como lo que son: personas con derechos que deben ser garantizados.

A que se deje de reaccionar tarde y empiece a actuar de manera preventiva, cercana y humana. Porque la inclusión no puede quedarse en el discurso. La igualdad no puede esperar. Y la justicia, para estas familias, ya llegó tarde demasiadas veces.

Dicho acompañamiento debe ser profesional y garantizar la cercanía y el auxilio cuando resulte necesario, en los aspectos médico y psicológico, educativo y jurídico, a las familias con una persona con discapacidad, sobre todo a las de mayores limitaciones económicas. Y así lograr un pleno desarrollo de las personas con discapacidad en nuestro estado.

Se propone que dicho programa se ejerza a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión en coordinación con la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad, en atención a lo dispuesto por la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.