El 28 de marzo pasado, fecha del 50 Aniversario de la Colonia Tierra y Libertad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional llamada "3 de 3 contra la violencia", para negar el derecho de postularse a un cargo, empleo o comisión de servidor público a quien sea declarado como deudor alimentario o sentenciado por violencia familiar y por violencia política en razón de género.

En congruencia con nuestras causas de lucha, en la Sectorial Nacional de Mujeres del Partido del Trabajo nos congratulamos porque se haya desatorado el proceso de reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política Mexicana y abogamos porque el dictamen se someta a discusión y votación del Pleno de la Cámara de Diputados durante este mes de abril.

Es el mejor momento para establecer una sanción de carácter constitucional contra cualquier persona -sea hombre o mujer- que incurra en conductas de violencia y delitos que afecten la vida y la integridad.

La reforma representa avanzar en la gran causa para erradicar la violencia contra las mujeres y cumplir una exigencia colectiva de las mexicanas, manifiesta cada 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, por lo cual respaldamos darle certeza a las víctimas de violencia de género.

Cuenta con todo nuestro apoyo la decisión de elevar a rango constitucional los delitos de violencia familiar, política y alimentaria, como causales para suspender derechos ciudadanos a quienes aspiren a ser registrados y votados a cualquier cargo de elección popular o ser nombrados a cualquier cargo, empleo o comisión, en el caso de que exista sentencia firme por:

1-    Delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

2-    Violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género.

3-    Deudas alimentarias.

Incorporar estas disposiciones en la Carta Magna significa fortalecer los mecanismos de protección y combate a la violencia.

La reforma 3 de 3 generará certeza y seguridad jurídica sobre las consecuencias y sanciones por conductas reprochables y reprobables.

Tengamos muy claro que la violencia contra la mujer en todas sus modalidades y en todos los ámbitos es una violación a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de las mujeres y una ofensa a la dignidad humana.

La reforma constituye un acontecimiento histórico para nuestro país y significará un referente en América Latina para las causas de las mujeres, al dar cumplimiento al Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención Belém Do Pará", que obliga a los Estados legislar sobre todas las normas que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.

En la Sectorial Nacional de Mujeres del Partido del Trabajo, como órgano responsable de elaborar la agenda política e ideológica de las militantes peteístas, reconocemos que la reforma coadyuvará a impulsar todas las causas encaminadas a lograr una igualdad sustantiva y a combatir todos los tipos de violencia política, para alcanzar una democracia inclusiva que garantice a las mujeres ejercer libre y plenamente sus derechos políticos electorales.

Planteamos por ello, así como el PT es pionero en establecer en sus Estatutos las normas para combatir la violencia política contra las mujeres, en crear la Comisión Nacional de Atención a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género y en emitir el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, que los partidos también incorporen la 3 de 3 para el proceso electoral del 2024.

La 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres se sumaría a la 3 de 3 que obliga a servidores públicos, legisladores, dirigentes partidistas y candidatos a cargos de elección popular a publicar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal (pago de impuestos), para que la ciudadanía conozca y compare la información, como acciones para reconstruir la confianza del pueblo en la clase política mexicana a través del compromiso y la transformación.