'Tenemos un Poder Judicial ineficaz'

La ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó en una reunión con legisladores de Morena en San Lázaro que el Poder Judicial requiere una reforma debido a su ineficacia en la atención de juicios en diversas materias. 

Destacó especialmente la ineficacia en el ámbito penal, calificándola como alarmante a nivel federal.

Batres resaltó la falta de criterios para garantizar derechos sociales, especialmente para sectores vulnerables, evidenciando una necesidad de mejora en el sistema judicial. 

Asimismo, enfatizó la importancia de que el Poder Judicial siga los avances en materia de género vistos en los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

En la misma reunión, la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, respaldó la necesidad de un cambio profundo en el Poder Judicial. 

Subrayó la importancia de una justicia ágil y eficiente, destacando que la independencia judicial no debe significar distanciamiento de la realidad, sino un compromiso con impartir justicia con base en las necesidades concretas de la sociedad.

Por lo que las declaraciones de la ministra Batres y la exfiscal Godoy subrayan la urgencia de abordar las deficiencias del sistema judicial.

Sin embargo, ambas figuras enfatizaron la necesidad de una justicia más ágil, así como de criterios que garanticen la protección de los derechos sociales, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Las críticas hacia el Poder Judicial resaltan un aspecto clave en la agenda de reformas que existen actualemente, donde la eficacia y la transparencia del sistema son fundamentales para la consolidación del Estado de Derecho. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2020, el 58.5% de los mexicanos consideraban que la corrupción en el poder judicial era común o muy común. Casos emblemáticos, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue condenado por corrupción y otros delitos, han puesto de relieve la necesidad de abordar esta problemática.

La corrupción en el poder judicial mexicano no solo afecta la percepción de la justicia, sino que también tiene consecuencias económicas significativas. 

Según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la corrupción judicial cuesta al país hasta el 9% del PIB anual.