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Tendría poco efecto mantener precios

Tendría poco efecto mantener precios
Alimentos.

Publicación:02-05-2022

TEMA: #AMLO  

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El programa de combate a la inflación y a la carestía que dará a conocer el gobierno esta semana, que implicaría reducir o contener los precios de 24 productos.

CIUDAD DE MÉXICO.-El programa de combate a la inflación y a la carestía que dará a conocer el gobierno esta semana, que implicaría reducir o contener los precios de 24 productos por seis meses, sólo bajará la inflación en un punto porcentual, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Sin embargo, afirmó que el programa puede enriquecerse si se complementa con las propuestas del sector privado, como que el Banxico se apegue a su mandato de proteger el valor de la moneda de forma autónoma y frenar el crecimiento del gasto público programable.

El diálogo entre el gobierno federal y empresarios para frenar la carestía puede llevar a las empresas a incurrir en ilegalidades, en caso de que competidores de un mismo sector participen en un acuerdo para fijar, controlar, manipular, bajar e incluso no subir precios, alertaron expertos.

Ello puede provocar a directivos, ejecutivos y representantes de compañías recibir sanciones económicas, civiles y penales, de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica.

EL UNIVERSAL consultó a exintengrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre lo que legalmente se puede hacer o no para frenar el alza de precios de 24 productos básicos, según el plan del gobierno federal, que se ha reunido con empresarios buscando mitigar el impacto de la inflación.

El presidente de la Comisión de Competencia de la International Chamber of Commerce México (ICC) y excomisionado de competencia de 2006 a 2013, Miguel Flores Bernés, dijo que se emitirá una recomendación a las empresas que participan en el diálogo con el gobierno para que no incurran en ilegalidades.

"Les vamos a decir que tengan cuidado si son invitadas a las reuniones, porque el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica y el 254 bis del Código Penal señalan que los acuerdos entre competidores para manipular los precios y fijarlos, sea para subirlos o bajarlos, están prohibidos, a pesar de que puede ser buena intención contener la inflación", explicó.

Dijo que "si no fijan precios y no intercambian información, no pasa nada", pero se viola la ley si hay intercambio de información entre empresas competidores.

Por otra parte, añadió que, si por alguna causa se requiere fijar precios máximos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene que emitir una declaratoria de falta de competencia en determinado mercado, y sólo así el gobierno federal puede determinar los precios.

El excomisionado fundador de la entonces Comisión Federal de Competencia y consultor de Ockham Economic Consulting, Javier Núñez, coincidió en que la ley prohíbe fijar precios entre competidores, además de que, con la Ley Federal de Competencia Económica se quitaron atribuciones al Ejecutivo federal para fijar precios de productos.

Lo dicho por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, de que se busca reducir los precios de 24 productos en 20%, es un mensaje que preocupa y es contradictorio, opinó.

"Si impones una reducción de precios de 20%, te comes la utilidad de las empresas y generas pérdidas. Es un mensaje que sí es riesgoso, y olvídate de que viola la Ley de Competencia Económicamente. No veo su viabilidad, porque las empresas simplemente no tendrían manera de recuperar sus costos, y nadie va a querer invertir", explicó.

La ley de competencia económica en su artículo 53 establece que "se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí" para determinar el precio de los bienes.

De cometerse el ilícito, se puede obtener una sanción que, según el artículo 127, puede llegar a una multa de 10% de los ingresos del agente económico, con independencia de la responsabilidad civil y penal en que incurra.




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